La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes volvió a rechazar la acusación penal contra la empresa por un presunto caso de gripe aviar. La firma apunta ahora contra el organismo por los daños sufridos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó un nuevo fallo a favor de la empresa Avícola Santa Ana, al desestimar por segunda vez la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que había acusado a la firma de falsificar documentos en el marco de un presunto brote de influenza aviar ocurrido en 2023.
En ese entonces, el Senasa ordenó el exterminio de más de 200.000 aves ponedoras y el descarte de más de 300.000 huevos, alegando un resultado positivo en análisis sanitarios. Sin embargo, la empresa logró demostrar que nunca se realizó el hisopado en su granja de Santa Ana de los Guácaras. Las cámaras de seguridad mostraron que los funcionarios se retiraron del lugar sin tomar ninguna muestra, lo que invalidó la base de la denuncia.
Durante dos semanas, la planta paralizó su actividad y 150 familias vieron en riesgo sus fuentes de ingreso. El reclamo tomó fuerza con un acampe de los trabajadores, el respaldo de la comunidad, de referentes de la Iglesia y de la dirigencia política local. La situación se revirtió cuando la Justicia autorizó un nuevo análisis que dio negativo para influenza aviar y confirmó la inexistencia de síntomas en los animales.
Con esta nueva resolución judicial, se refuerza la posición de Avícola Santa Ana, que desde el inicio negó cualquier irregularidad y denunció una actuación negligente por parte del Senasa. La empresa, que opera con más de 260.000 aves y abastece a gran parte del NEA, evalúa iniciar acciones legales contra el organismo y contra los funcionarios responsables del operativo.
El caso dejó una fuerte marca en el sistema de control sanitario nacional. A partir de este conflicto, se implementaron nuevas exigencias en los protocolos: hoy se requieren pruebas adicionales antes de autorizar sacrificios masivos y se sumaron laboratorios externos a las verificaciones del Senasa. Para muchos productores, lo ocurrido en Santa Ana evidenció la necesidad urgente de revisar los procedimientos y garantizar mayor transparencia en las decisiones que afectan a las pymes agroindustriales.
