El Tribunal Oral Federal N°2 decidió aplazar hasta el 30 de junio la lectura de la sentencia en una causa que investiga irregularidades en compras para municipios chaqueños. La exfuncionaria nacional está acusada de beneficiar a una empresa con sobreprecios.
La causa que tiene como principal acusada a Aída Ayala, exsecretaria de Asuntos Municipales durante el gobierno de Mauricio Macri, sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando el Tribunal Oral Federal N°2 de Resistencia resolvió postergar la sentencia. La dirigente chaqueña enfrenta cargos por supuesta defraudación al Estado en el marco del programa “Mi Pueblo”, destinado a la adquisición de maquinaria para municipios del interior.
El expediente gira en torno a contrataciones con presuntos sobreprecios realizadas por la Municipalidad de Quitilipi, entonces a cargo de Carlos Casalboni. La empresa Service Hogar, propiedad de Claudio Toledo, habría sido beneficiada de forma irregular. Justamente Toledo obtuvo la suspensión del juicio a prueba: deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, no podrá ser proveedor del Estado en Quitilipi y pagará seis millones de pesos como reparación.
También están imputados Miguel Vilte y Matías Balmaceda, asesores de Ayala, quienes realizaron sus alegatos finales de manera remota. La fiscalía pidió cinco años de prisión para la exintendenta de Resistencia y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
