Ramos Padilla rechazó tratar un amparo para habilitar la candidatura de Cristina Kirchner

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El juez federal se declaró incompetente y remitió el caso a la justicia provincial. La presentación buscaba sostener la postulación de la expresidenta como diputada bonaerense, pese a su condena ratificada por la Corte Suprema.

El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió no intervenir en el amparo presentado para habilitar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires, y remitió el expediente a la justicia provincial por considerarlo fuera de su jurisdicción.

La acción judicial fue impulsada por el abogado Daniel Llermanos, en representación de la Asociación de Abogados Solidarios, quien argumentó que, aunque la expresidenta no oficializó aún su candidatura, se encontraba en “posesión de estado electoral” al haberla anunciado públicamente desde la presidencia del Partido Justicialista, sin objeciones internas.

El planteo apuntaba a que la reciente ratificación de la condena en su contra por la causa Vialidad, confirmada esta semana por la Corte Suprema, no debía impedir su postulación, ya que —según el amparo— eso vulneraría el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

“La decisión sobre la posible candidatura invocada resulta de competencia de la Justicia provincial y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Ramos Padilla en su resolución.

El juez federal, que encabeza el Juzgado N°1 con competencia electoral en La Plata, enfatizó que la oficialización de las candidaturas provinciales no corresponde a la justicia federal, por lo cual decidió remitir el expediente a los tribunales correspondientes en la provincia.

Se trata del primer recurso judicial interpuesto en defensa de una eventual candidatura de Cristina Kirchner luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictada en la causa por corrupción en la obra pública durante su gobierno.

Ahora será la justicia electoral bonaerense o la Junta Electoral provincial quien deberá evaluar si da curso al planteo y qué criterios aplica frente a la sentencia firme en contra de la exmandataria.

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