La estrategia legal del Gobierno argentino sufre un nuevo revés internacional: enfrenta cuatro causas paralelas en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York por la expropiación de YPF. Las demandas incluyen reclamos por miles de millones de dólares, cesión de acciones estatales y cuestionamientos por corrupción en el proceso de nacionalización de la petrolera en 2012.
Las apelaciones avanzan en simultáneo tras una decisión reciente de la Corte de Apelaciones que agrupó fallos firmados por la jueza Loretta Preska. Entre ellos, se destacan dos resoluciones que ordenan a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los acreedores del juicio original y a fondos holdouts como Bainbridge Fund, que reclaman activos de la compañía para saldar deudas impagas.
“Es un verdadero caos jurídico. Nunca se vieron cuatro apelaciones activas por el mismo caso en la misma corte”, advirtió el analista Sebastián Maril, experto en litigios financieros, quien calificó la situación como un “papelón internacional”.
El caso que puede costar más de USD 16.000 millones
La causa principal, iniciada por Burford Capital, ya tiene una condena firme contra el país por más de USD 16.000 millones, tras fallarse que Argentina no respetó la obligación de hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios cuando estatizó la empresa. A esa sentencia se suma otra apelación presentada por la ONG estadounidense RAFA (Republican Action for Argentina), que sostiene que todo el proceso de expropiación estuvo viciado por actos de corrupción.
La gestión de Javier Milei enfrenta ahora una presión creciente, ya que estas decisiones afectan la confianza internacional que busca reconstruir para atraer inversiones y mejorar el acceso al crédito. Además, el riesgo económico se agrava porque, según fuentes oficiales, las sanciones podrían golpear directamente a las reservas del Banco Central si se ejecutan embargos sobre activos argentinos en el exterior.
En un último intento por frenar el avance de las medidas judiciales, el Gobierno presentó dos escritos formales ante la Corte de Apelaciones este jueves, anticipando que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si no se frena la orden de entrega de acciones antes del 14 de julio.
“La Argentina va a defender su soberanía en todas las instancias disponibles”, afirmaron desde el Ejecutivo, aunque reconocen que llegar a la Corte Suprema es un camino largo, incierto y costoso.
Millones en juego… y en abogados
El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, uno de los bufetes más prestigiosos y caros de Nueva York, representa al país en este conflicto judicial. Solo el proceso de defensa legal insume millones de dólares en honorarios, traducciones, documentación y logística internacional.
“Estamos gastando una fortuna, con recursos públicos de argentinos y norteamericanos, en un juicio que podría haberse evitado con un manejo legal adecuado hace más de una década”, remarcó Maril.
Mientras tanto, el reloj judicial sigue corriendo. Si la Corte de Apelaciones no suspende los fallos antes del lunes 14, la Argentina podría perder el control accionario de su principal empresa energética.
