El Gobierno busca frenar la transferencia del 51% de la petrolera estatal a fondos de inversión. Advierte que la medida violaría leyes nacionales y generaría un daño irreparable.
El Gobierno argentino presentó una apelación formal ante la jueza neoyorquina Loretta Preska para evitar que se ejecute la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos de inversión que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La medida responde a un fallo que impone una indemnización de más de 16 mil millones de dólares y que, según los demandantes, debería cumplirse mediante acciones de clase D.
En el escrito presentado por la defensa, a cargo de abogados contratados por la Procuración del Tesoro, se argumenta que cumplir con la orden implicaría violar la legislación argentina vigente, ya que la transferencia de acciones de YPF requiere una ley aprobada por dos tercios del Congreso. Además, se advierte que la ejecución provocaría un daño irreparable al interés público y podría afectar tanto a la empresa como a sus socios e inversores.
El documento también menciona que incluso el gobierno de Estados Unidos expresó reparos sobre el precedente que podría sentar una medida de este tipo. En paralelo, se presentaron argumentos similares en el caso Bainbridge, otro juicio que busca la entrega de acciones por deuda en default. En ambos casos, Argentina insiste en que no existen antecedentes que justifiquen embargar activos de un Estado soberano bajo estas condiciones.
