El Gobierno eliminó la ANMaC y concentró el control de armas en el Ministerio de Seguridad

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Mediante un decreto, el Ejecutivo disolvió la agencia creada para prevenir la violencia armada. Las funciones pasan al RENAR, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo encargado del control y la prevención de la violencia con armas de fuego. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 445/2025, y transfiere las competencias de la ANMaC al Registro Nacional de Armas (RENAR), que vuelve a funcionar bajo el control directo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Con esta decisión, la cartera conducida por Patricia Bullrich gana mayor poder de acción en materia de regulación armamentística, en línea con otras medidas recientes que promueven la flexibilización en el acceso a armas. Uno de los puntos más polémicos es la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, que financiaba campañas educativas y acciones de desarme.

Desde el Ejecutivo justificaron el cambio como parte de una reorganización orientada a “eficientizar recursos” y reducir el gasto público. Sin embargo, especialistas advierten que la desaparición de un organismo autónomo y multidisciplinario deja a la prevención sin respaldo institucional.

La ANMaC había sido creada por ley en 2015 y se encargaba no solo del control de armas, sino también de tareas como la destrucción de material incautado, la generación de estadísticas y la articulación con otros poderes del Estado. Su desactivación por decreto, sin intervención del Congreso, suma críticas tanto en el plano jurídico como político.

La medida se suma a otras decisiones del gobierno de Javier Milei, como la habilitación de trámites exprés para la portación de armas, la reducción de la edad mínima a 18 años y la derogación de restricciones históricas al acceso civil a armamento semiautomático. Para muchas organizaciones, este rumbo representa un retroceso en materia de seguridad pública y agrava el riesgo de violencia armada en la sociedad.

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