Profesionales y familias reclaman al Estado la continuidad de prestaciones básicas y el respeto a los derechos conquistados. Temen un veto presidencial al proyecto aprobado en el Congreso.
Este jueves, profesionales de la discapacidad y familias movilizadas volvieron a alzar la voz en distintos puntos del país para exigir que se declare la Emergencia en Discapacidad, un reclamo que lleva años sin respuestas integrales. La iniciativa, con media sanción en Diputados, establece partidas específicas para garantizar prestaciones, transporte y mejoras salariales. Sin embargo, crecen los temores de que el presidente Javier Milei vete la ley, lo que significaría un nuevo golpe al sector.
“Tenemos miedo de que Milei vete el proyecto. Estamos pidiendo que se sostengan los derechos ganados”, expresó Verónica Ruiz Díaz, profesora de Educación Especial. La docente describió el estado crítico en el que se encuentran muchos acompañantes terapéuticos y trabajadores del área: pagos atrasados de hasta cuatro meses por parte de las obras sociales, transporte suspendido y familias que no pueden costear los servicios de manera particular. “Es una lástima, pero vivimos preocupados. No pedimos privilegios, pedimos igualdad y una sociedad equitativa”, reclamó.
La situación afecta directamente a niños, niñas y adultos con discapacidad, que ven interrumpidas sus terapias, apoyos escolares o servicios básicos por falta de pago a los profesionales. “Muchos compañeros se van del sistema porque no pueden sostener su trabajo con esta incertidumbre. Y quienes más pierden son las personas con discapacidad que quedan fuera del sistema”, concluyó Ruiz Díaz.
