La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó el pedido del Gobierno argentino para frenar la entrega de acciones de YPF a Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. El fallo se conoció este lunes y representa un nuevo golpe para el país en una causa que mantiene en vilo al Ejecutivo.
Preska fue contundente: acusó a la Argentina de no haber cumplido con las condiciones exigidas para obtener la suspensión previa y de haber usado tácticas dilatorias para evitar sus obligaciones. «Cualquier supuesto daño irreparable es consecuencia directa de las propias acciones de la República», sentenció la magistrada.
Pese al rechazo, la jueza otorgó un plazo de tres días, hasta el 17 de julio, para que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito tenga tiempo de intervenir. Argentina ya apeló y solicitó una suspensión administrativa de emergencia.
En juego están los efectos de la sentencia dictada en septiembre de 2023, que obliga al Estado a pagar USD 16.000 millones a Burford, firma que compró los derechos de litigar contra el país por la estatización de YPF en 2012. Aunque esa condena sigue su curso por otra vía, ahora el conflicto gira en torno a las acciones de la petrolera que el Estado mantiene en su poder y que Burford busca ejecutar como parte de cobro.
En paralelo, la jueza también convocó a una audiencia para este martes 15 de julio, donde se debatirá la posibilidad de acceder a información de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central, a fin de determinar si pueden ser consideradas “alter ego” del Estado para avanzar con embargos.
Analistas advierten que, de no encontrar una salida negociada, el país podría quedar en desacato ante una corte de EE.UU., lo que generaría repercusiones más serias que en otras épocas debido al contexto internacional y al nivel de exposición financiera actual.
Mientras la pulseada legal sigue escalando, el Gobierno argentino apuesta a dilatar los plazos para ganar margen de maniobra. La apelación continúa y no se descarta que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
