Un nuevo informe de UNICEF Argentina reveló una alentadora mejora en los indicadores de pobreza infantil: 1,7 millones de niños y niñas salieron de la pobreza monetaria en el segundo semestre de 2024, gracias a una recuperación del poder adquisitivo en los hogares.
Según el informe, el índice de pobreza monetaria en la niñez cayó del 67% en el primer semestre de 2024 al 52,7% en el segundo, marcando una reducción de 14 puntos porcentuales. Comparado con el mismo período de 2023, la mejora fue de 6 puntos.
Las proyecciones para 2025 también son positivas: se estima que la pobreza infantil bajará al 47,8% y la extrema al 9,3%. Esto se atribuye a mejoras en ingresos reales y al impacto de programas sociales clave, como la Asignación Universal por Hijo.
Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF, subrayó que sin estos programas, la indigencia infantil habría sido 10 puntos mayor. Las transferencias directas a las familias aumentaron 4% en 2024 y 16% en lo que va de 2025, lo que fortaleció especialmente la lucha contra la pobreza extrema.
El presupuesto nacional ejecutado para la niñez también creció un 15% en 2025, impulsado por políticas de protección de ingresos. Sin embargo, UNICEF advirtió que áreas como salud, educación y primera infancia sufrieron recortes importantes en el primer tramo del año, lo que podría afectar el desarrollo integral de los menores.
El informe advierte que, pese a la mejora en los ingresos, persisten fuertes desigualdades: en hogares donde el jefe no terminó la primaria, la pobreza infantil alcanza el 80,9%, frente a un 10,6% cuando se completó la secundaria. También se registra un mayor impacto en hogares monoparentales, barrios populares y aquellos con trabajo informal.
Además, el organismo analizó privaciones no monetarias (como vivienda, educación y servicios básicos), que siguen siendo un desafío estructural para el país. UNICEF propone profundizar el análisis del gasto público consolidado entre Nación y provincias, a fin de optimizar recursos destinados a la infancia.
El reporte forma parte del estudio “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2024”, que busca orientar políticas públicas efectivas para reducir las brechas sociales y garantizar derechos para las próximas generaciones.
