Una medida cautelar suspendió momentáneamente el decreto que disolvía el organismo. Desde el sindicato celebran el fallo, pero advierten que el conflicto está lejos de resolverse.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional celebró la resolución judicial que suspende, al menos de manera temporal, la aplicación del Decreto 461, que disponía el cierre del organismo. La medida cautelar trajo alivio a los más de 5.200 trabajadores afectados, pero el gremio advirtió que el reclamo continúa: buscan la declaración de inconstitucionalidad del decreto.
«Esta medida nos da un poco de tranquilidad, pero solamente nos impulsa a seguir trabajando», expresó el secretario general del gremio, José Raúl Rizzo, en declaraciones radiales. Según explicó, el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo no incluía legalmente a Vialidad entre los entes que podían ser disueltos por la Ley Bases, por lo que la acción judicial apunta a su anulación definitiva.
Desde el gremio advirtieron sobre el impacto directo que tendría la eliminación del organismo, especialmente en zonas rurales y pueblos del interior. Además, denunciaron un severo recorte presupuestario: de los 190 millones de dólares que deberían haberse asignado por ley, solo recibieron 18 millones en lo que va del año, lo que dificulta seriamente el mantenimiento de las rutas.
Otra preocupación pasa por el nuevo modelo de concesiones que plantea el Gobierno, que implicaría una suba del costo de los peajes y más cabinas en todo el país. «El aumento no lo paga solo quien usa la ruta, sino todos, incluso quienes no viajan pero consumen productos transportados», advirtió Rizzo.
También cuestionaron el bajo estándar de mantenimiento que propone el nuevo esquema, con obras mínimas y sin planes de ampliación o mejora. “Nos dicen que el país va a crecer, pero las rutas seguirán siendo las mismas durante tres décadas. Es un modelo inviable”, concluyó el dirigente.
El gremio anticipó que continuará movilizado, con protestas provinciales, gestiones legislativas y nuevas acciones judiciales para frenar definitivamente la desaparición del organismo vial.
