En el marco del juicio por la expropiación de la empresa petrolífera, la magistrada estadounidense hizo formal la medida en las últimas horas. Entre los nombres de interés para la funcionaria judicial neoyorkina se encuentran Luis Caputo y Sergio Massa.
La jueza Loretta Preska –titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU– le ordenó al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y exfuncionarios.
Específicamente, según información difundida por Infobae, quiere datos de los dos últimos ministros de Economía del país: el actual, Luis Caputo, y el anterior, Sergio Massa, quien dirigió el Palacio de Hacienda durante la gestión de Alberto Fernández y fue candidato presidencial en 2023.
Se trata de una amplia gama de información, como mensajes personales, correos electrónicos oficiales y personales, y también contenidos de servicios de mensajería, como WhatsApp. Incluye información de Banco Central.
El proceso se da en medio de los que se conoce como el “discovery” del alter ego, o demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”. Y no solo con YPF sino también con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
“La medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, destacaron desde la Procuración del Tesoro. El organismo oficial que lleva adelante la defensa del Estado aseguró que el país ya brindó una “extensa cooperación” y entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en EEUU, Argentina y otros países.
“Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar “arrojar arena en los engranajes” de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía. La República Argentina está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”, destacó la Procuración.
Burford Capital es el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en esta extensa causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que obligó al país a pagar USD 16.000 millones (ya más de USD 17.500 millones por los intereses) por expropiar mal la empresa en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Burford convenció a Preska de que Argentina se realiza trabajo oficial usando equipos privados, como teléfonos y programas de mensajería, y por eso quieren conocer esos mensajes. No pide mensajes de tono personal, sino vinculados a “palabras clave” relacionadas con la causa, como “YPF”, por ejemplo.
“Argentina no puede decir ‘no hay nada′ porque eso significaría que se borró información o se destruyeron dispositivos», destacó otro allegado. “¿Funcionarios y exfuncionarios públicos ya tiraron los iPhones al Río de la Plata?“, bromeó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El objetivo final del “alter ego” es poder embargar activos y cobrar algo de la sentencia. En ese sentido, la jueza también habría ordenado la entrega de una amplia variedad de instrumentos financieros, como bonos y otros, para ver si los demandantes consideran si pueden ser pasibles de embargos.
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Con información de Infobae.
