El gobierno de la provincia del Chaco deberá afrontar una sanción sin precedentes: una multa de casi 86 millones de pesos diarios. La sanción fue impuesta por el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia por haber incumplido una medida cautelar que lo obligaba a garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí.
La resolución, a cargo del juez Jorge Sinkovich, es una respuesta a la inacción del gobierno provincial, que desobedeció durante más de cinco meses una orden judicial. Según se informó, el monto de la multa se calculó en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y la población estimada de 20.000 personas. El objetivo es asegurar que las comunidades demandantes reciban la ayuda necesaria y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan en el noroeste provincial.
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, y en marzo de este año, el juez Sinkovich ordenó garantizar de forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes posteriores evidenciaron que la ayuda fue esporádica e insuficiente.
A pesar de que el gobierno provincial defendió su accionar, la Defensoría General Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la situación se agravó. Ante la falta de respuesta y el incumplimiento de la cautelar, se solicitó la aplicación de sanciones económicas para forzar una respuesta. La multa es un hecho inédito, aunque se da por sentado que el gobierno chaqueño apelará la resolución en las próximas horas.
