Cómo se gestó la investigación que puso en la mira a los dueños de “Cebra Phone”

Sociedad

El monitoreo de redes sociales fue la primera pista; luego, la Fiscalía halló inconsistencias millonarias.

La causa contra Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, propietarios del comercio de electrónica “Cebra Phone” de Resistencia, comenzó de manera poco habitual: por sus propias publicaciones en redes sociales.

Viajes a playas de Centroamérica, escapadas por la Patagonia, paseos en un BMW coupé 2025 valuado en más de $64 millones, camionetas RAM, motos de alta cilindrada y jornadas a bordo de una lancha aparecían con frecuencia en sus perfiles. La División de Delitos Económicos de la Policía del Chaco advirtió que ese nivel de vida no coincidía con los ingresos declarados y elevó la información al fiscal federal Patricio Sabadini.

Con esas imágenes como punto de partida, el fiscal incorporó las publicaciones al expediente y comenzó a rastrear el patrimonio de la pareja. La investigación detectó la compra de al menos tres propiedades, un quincho en un barrio privado, una embarcación y un galpón, además de movimientos comerciales vinculados a la importación irregular de dispositivos electrónicos desde Paraguay y la venta de artículos que imitaban marcas registradas.

La fiscalía también encontró inconsistencias tributarias: facturación por más de $149 millones a través de contribuyentes considerados “no confiables” por la Administración Tributaria Provincial, lo que apunta a la utilización de facturas apócrifas para justificar operaciones. Además, se identificaron movimientos bancarios millonarios y el uso de plataformas de pago en criptomonedas, como Binance Pay.

Según Sabadini, las maniobras encuadrarían en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad, además de posibles infracciones a la Ley de Marcas N° 22.362. El fiscal solicitó allanamientos, detenciones e informes a entidades financieras y a la Unidad de Información Financiera para seguir el rastro del dinero.

Lo que comenzó como un seguimiento de redes sociales derivó en una investigación compleja que hoy involucra bienes de lujo, operaciones millonarias y posibles delitos federales.

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