Más de 33 mil dosis del lote 31202 fueron aplicadas en pacientes críticos antes del retiro. El escándalo sanitario involucra dos laboratorios, una investigación judicial en curso y una tragedia nacional que sigue en expansión.
La crisis por el fentanilo contaminado se convirtió en una de las emergencias sanitarias más graves de los últimos años en Argentina. La Justicia ya investiga al menos 68 muertes y decenas de cuadros severos que podrían estar ligados al lote 31202 de ampollas, fabricado por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. La Anmat ordenó su retiro tras detectar la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Más de 33 mil dosis de ese lote fueron aplicadas en hospitales públicos y privados de todo el país.
La causa judicial avanza con 24 personas embargadas y con prohibición de salida del país, mientras se esperan pruebas genéticas clave que podrían vincular de forma directa las muertes con las ampollas contaminadas. El foco está puesto sobre Ariel García Furfaro, sindicado como el principal responsable de las empresas involucradas, junto a familiares y encargados de control de calidad. El expediente está en manos del juez federal Ernesto Kreplak y podría derivar en imputaciones penales por homicidio culposo.
A nivel político, se intentó crear una comisión investigadora en el Congreso para determinar responsabilidades, pero el proyecto no logró avanzar por falta de quórum. Mientras tanto, provincias como Chaco lograron evitar la circulación del lote por controles preventivos, aunque debieron invertir millones para reemplazar los productos retirados. La tragedia ya dejó víctimas en Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, donde incluso un bebé permanece internado.
