La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles que Cristina Fernández de Kirchner, junto con el resto de los condenados en la causa conocida como “Vialidad”, deberá afrontar el pago solidario de 684.990 millones de pesos como decomiso y pena accesoria al delito de administración fraudulenta contra el Estado.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. En un fallo de 81 páginas, el tribunal validó tanto el monto establecido como la metodología de actualización utilizada: la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El decomiso había sido fijado originalmente en poco más de 84.835 millones de pesos por el Tribunal Oral Federal N°2. Posteriormente, esa sentencia fue confirmada en instancias superiores y ratificada en junio por la Corte Suprema. Con la actualización, la suma se elevó a casi 685.000 millones.
Los defensores de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían cuestionado la medida al considerar que se violaron garantías de defensa y que el uso del IPC generaba un trato desigual frente a otros procesos judiciales. También advirtieron que el cálculo definitivo no podía ser discutido por las partes, lo que, a su juicio, lesionaba derechos constitucionales.
En contraposición, el fiscal general Mario Villar sostuvo que la sanción debía mantenerse, al tratarse de una pena accesoria vinculada a hechos de corrupción en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. “La comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para terceros”, señaló en su dictamen.
Con esta resolución, Casación cerró el camino a nuevos cuestionamientos sobre el decomiso, que ya había sido revisado en todas las instancias judiciales. El fallo consolida una de las condenas más significativas en materia de corrupción contra exfuncionarios de alto rango.
