El presidente firmó el Decreto 651/2025 que rechaza la norma aprobada con amplio consenso parlamentario. El Ejecutivo advirtió sobre su “alto costo fiscal” y cuestionó la falta de financiamiento genuino.
En las primeras horas del jueves, el Gobierno nacional oficializó el veto total a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, sancionada el pasado 22 de agosto con un fuerte respaldo en el Congreso. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, devuelve el proyecto a las cámaras para que definan si insisten en su aprobación, lo que obligaría a alcanzar una mayoría especial.
La iniciativa contemplaba un año de vigencia con medidas clave: recomposición salarial para médicos y enfermeros pediátricos, incremento del presupuesto en insumos críticos, exención de Ganancias para trabajadores esenciales y el reconocimiento del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Además, establecía que ningún salario del sector quedara por debajo de los niveles reales de noviembre de 2023 e incluía a residentes y especialidades vinculadas.
Desde la Casa Rosada justificaron la decisión al señalar que el texto generaba “ambigüedades” sobre qué funciones eran críticas, que podía provocar distorsiones salariales y que demandaba un costo fiscal superior a los 65.000 millones de pesos. También se objetó la exención impositiva, estimada en otros 115.000 millones, y la reasignación de partidas del Ministerio de Salud, que —según el decreto— pondría en riesgo programas en marcha.
El veto repite la estrategia utilizada días atrás con la Ley de Financiamiento Universitario y refleja el rumbo fiscalista del Ejecutivo. La medida cayó como un golpe en la oposición, que había presentado la emergencia pediátrica como una victoria frente al oficialismo y la consideraba una respuesta a las protestas del personal del Hospital Garrahan por mejores salarios y recursos para la atención de pacientes.
