La nueva normativa generó fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y defensores de la población afrodescendiente, que advierten sobre un aumento de la violencia policial.
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó un proyecto que otorga bonificaciones a policías por “neutralizar” criminales, medida que revive un sistema similar implementado entre 1995 y 1998, conocido como el “bono del Lejano Oeste”. La iniciativa permite que los agentes cobren entre el 10% y 150% de su salario al confiscar armas de gran calibre o actuar en situaciones que terminen con la muerte de sospechosos.
Defensores de derechos humanos criticaron la medida, calificándola de incentivo a la violencia y advertencia sobre posibles masacres. El diputado federal Henrique Vieira afirmó que “la seguridad no se logra mediante la barbarie”, mientras que Djeff Amadeus, del Instituto de Defensa de la Población Negra, alertó que la legislación podría extenderse a la policía militar y otros cuerpos de seguridad, afectando principalmente a la población afrodescendiente.
Río de Janeiro enfrenta una histórica problemática de violencia policial, especialmente en favelas y barrios densamente poblados donde operan narcotraficantes y grupos armados. En 2024, las intervenciones de la policía dejaron 703 personas muertas, lo que representa casi dos víctimas por día, aunque se registró una caída del 19% respecto a 2023.
El proyecto aprobado por amplia mayoría debe ser promulgado por el gobernador Claudio Castro en un plazo de 15 días para entrar en vigor. La medida genera preocupación internacional y local por los impactos sobre la seguridad, los derechos humanos y la relación de las fuerzas policiales con la ciudadanía.
