Un fallo de la jueza Tatiana Dip declaró inconstitucional la exclusión de menores en el monitoreo electrónico y ordenó su aplicación en un caso de un joven de 17 años. La medida busca evitar la estigmatización social y garantizar derechos.
La Justicia Penal Juvenil de Salta adoptó una decisión considerada histórica al permitir que adolescentes en conflicto con la ley puedan ser controlados mediante tobilleras electrónicas mientras cumplen arresto domiciliario. La resolución fue dictada por la jueza Tatiana Dip, quien ordenó aplicar la medida a un joven de 17 años bajo detención en su hogar.
En su fallo, la magistrada declaró inconstitucional e inconvencional la Resolución Ministerial Nº 287/18, que restringía el monitoreo electrónico solo a personas adultas. Según sostuvo, esa exclusión vulneraba la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige respuestas judiciales adaptadas a la etapa de desarrollo adolescente.
La defensa del menor había planteado que la presencia policial constante en su domicilio resultaba estigmatizante y dañina para su proyecto de vida, mientras que el uso de la tobillera permitiría sostener avances en su conducta y mantener sus vínculos sociales y educativos.
Con este antecedente, Salta se convierte en la primera provincia en habilitar formalmente el monitoreo electrónico para adolescentes en arresto domiciliario, sentando un precedente relevante en materia de justicia juvenil y protección de derechos.
