El Gobierno nacional anunció este jueves un incremento en los aranceles para prestadores de discapacidad, con subas que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, en respuesta a semanas de reclamos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin aplicación plena.
La medida fue definida en el marco de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. El ajuste se aplicará en tres tramos consecutivos: octubre, noviembre y diciembre, e incluye prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo, con aumentos acumulados del 34,53% en el primer grupo y del 29,73% en el segundo.
Según fuentes oficiales, el incremento busca garantizar la continuidad y calidad de la atención, ubicándose por encima de la inflación proyectada para 2025. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprobó una partida adicional para cubrir los aumentos previstos en el último trimestre del año.
Sin embargo, el sector privado y representantes de los prestadores expresaron su disconformidad. Daniel Lipani, integrante del Directorio de ANDIS, había propuesto un aumento del 70% desde octubre, pero la moción fue rechazada. Desde distintas instituciones señalaron que el ajuste no compensa la pérdida acumulada ni asegura la sostenibilidad de los servicios, afectando su funcionamiento y la continuidad de la atención.
El nuevo incremento se aplicará sobre el nomenclador nacional, que establece los aranceles oficiales del sistema, e incluye rubros como internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación. Fuentes del Gobierno indicaron que la medida se enmarca en un esquema de revisión trimestral, aunque aún no existen mecanismos automáticos de actualización, mientras se trabaja en una reforma integral del financiamiento del sector.
