En un fallo con impacto nacional, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca ordenó al Gobierno restituir de forma inmediata todas las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas y prohibió nuevas auditorías hasta que haya una sentencia definitiva. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Díaz Martínez, quien instruyó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer los haberes retenidos en un plazo de 24 horas.
El fallo, de alcance colectivo, responde a una serie de acciones judiciales iniciadas por organizaciones de derechos humanos y personas afectadas, con el respaldo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Entre los impulsores se encuentran la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y otras entidades comprometidas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Según el magistrado, las suspensiones de pensiones aplicadas por el Ejecutivo afectaron “de forma uniforme” a miles de beneficiarios en todo el país, por lo que resolvió extender la protección judicial sin necesidad de reclamos individuales.
Además, el juez designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria en la materia. Esta representación, según el fallo, busca asegurar “la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego” y garantizar la expansión de los efectos de la sentencia para todos los damnificados.
La decisión judicial implica no solo el restablecimiento inmediato de las pensiones suspendidas, sino también la prohibición de continuar con auditorías o aplicar nuevas bajas mientras el proceso judicial siga en curso.
Con esta resolución, se busca frenar lo que las organizaciones denunciaron como una política sistemática de recortes, y asegurar que miles de personas con discapacidad recuperen ingresos esenciales para sostener una vida digna.
