El Tribunal Oral Federal N°7 ha tomado una decisión importante en la causa conocida como «Los Cuadernos de las Coimas», rechazando las propuestas de reparaciones económicas ofrecidas por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción. Estos ofrecimientos, que incluían montos en efectivo y bienes por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares, fueron considerados inapropiados y no conforme a la normativa vigente, que no permite la extinción de la acción penal a través de la figura de «reparación integral».
Con este fallo, todos los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el 6 de noviembre, sin la posibilidad de evitarlo mediante pagos económicos. Entre los oferentes se encontraban empresarios de sectores clave como la construcción, la energía y el transporte, así como exfuncionarios de alto perfil. Algunos de los montos más elevados fueron presentados por Ángelo Calcaterra (primo del ex presidente Mauricio Macri) con 1,68 millones de dólares, y Ernesto Clarens con 1,5 millones.
La fiscalía, liderada por Fabiana León, y la Unidad de Información Financiera (UIF) se opusieron de manera contundente a estas ofertas, argumentando que permitirlo significaría “mercantilizar la corrupción” y “tarifar la impunidad”. Además, señalaron que la magnitud del caso y las pruebas recabadas durante años no justificaban una resolución económica, ya que la corrupción no puede ser negociada de esa forma.
Este revés para los imputados se produce en un contexto en el que las defensas habían solicitado la aplicación de la reparación integral, una figura del Código Penal que permite extinguir la acción penal mediante la reparación de los daños causados. Sin embargo, el tribunal resolvió que esta opción no era viable en un caso de semejante gravedad, dada la magnitud de los delitos investigados.
La causa «Cuadernos de las Coimas» comenzó en 2018 tras la filtración de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación Federal, que documentó los traslados de dinero entre empresas contratistas del Estado y funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta investigación llevó a la acusación de numerosos empresarios, exfuncionarios y políticos, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y emblemáticos de corrupción en la historia reciente de Argentina.
Con el rechazo a estas reparaciones económicas, el Tribunal Oral Federal N°7 confirma que el juicio continuará su curso sin excepciones, y los imputados tendrán que enfrentar el debate que podría durar varios años.
