La activista Beatriz Gelós, con ELA, celebró la aprobación: «Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana».
Uruguay se ha convertido en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia mediante una ley, un hito que marca un nuevo avance en la legislación de derechos en la región. El Senado uruguayo aprobó la norma, bautizada como «Muerte Digna», este miércoles 15 de octubre de 2025, con 20 votos a favor de 31 parlamentarios presentes, culminando así un debate extenso, reflexivo y por momentos muy emotivo.
La aprobación en el Senado, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en agosto, consolida a Uruguay en una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida, entre los que figuran Canadá, España y Países Bajos. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron la práctica a través de fallos judiciales, esta es la primera vez que se consagra mediante una ley en la región.
El texto aprobado establece rigurosas garantías y condiciones para acceder al procedimiento, buscando asegurar la «seguridad jurídica». Entre los requisitos se encuentran: ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente apto, en etapa terminal de una patología incurable o que provoque «sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida». La norma contempla múltiples instancias de revisión, la intervención de juntas médicas y la posibilidad de que el paciente se arrepienta en cualquier etapa.
El debate en el recinto fue seguido con atención por activistas como Beatriz Gelós, una paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se transformó en un símbolo de la lucha por la norma. Gelós, de 71 años, había manifestado días antes que la aprobación le daría una «paz impresionante» y consideraba la ley como un acto de «compasión, muy humano».
No obstante, el consenso no fue total. El debate se vio interrumpido por un desesperado grito de «asesinos» desde las gradas, reflejando la resistencia de organizaciones como la Iglesia Católica y agrupaciones que consideran la ley «deficiente y peligrosa» y creen que dejará «desprotegidas a las personas más vulnerables». A pesar de la oposición, la ley sigue el camino de otras normas liberales históricas en Uruguay, como el matrimonio igualitario y la regulación del mercado de cannabis. El Colegio Médico, que asesoró al proceso para asegurar «las máximas garantías», espera que la próxima instancia de reglamentación aporte más certezas al procedimiento.
