Entre demoras judiciales, causas archivadas y una verdad que sigue sin llegar, el reclamo de las familias permanece intacto: justicia para los 44 tripulantes.
Ocho años después de la desaparición del submarino ARA San Juan, la herida sigue abierta. El 15 de noviembre de 2017, la nave de la Armada Argentina se perdió en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes durante una misión de patrullaje que debía ser rutinaria. Algo falló de manera abrupta y fatal, y desde entonces nada volvió a ser igual para las familias.
En los días posteriores al último contacto del submarino, el país asistió a un escenario caótico: versiones cruzadas, silencios oficiales, información imprecisa y un clima político cargado de sospechas. Semanas más tarde se confirmó que no había sobrevivientes y, recién un año después —tras una búsqueda internacional y un reclamo incansable de los familiares— se halló el casco implosionado a más de 900 metros de profundidad.
Las causas del siniestro aún están rodeadas de interrogantes. Se habló de fallas en las baterías, incendios, desperfectos eléctricos, posibles explosiones internas y hasta hipótesis de ataque extranjero. Nada se consolidó. Cada informe dejó más dudas que certezas, y las familias continúan reclamando una verdad que todavía no llega.
La investigación atravesó despachos oficiales, empresas privadas, organismos internacionales y una extensa Comisión Bicameral en el Congreso. Hubo peritajes, testimonios y exposiciones, pero muy poco se tradujo en avances judiciales concretos.
Recién ahora, a ocho años del hecho, la causa fue elevada a juicio en Santa Cruz. Cuatro oficiales de la Armada enfrentarán cargos por “estrago culposo agravado”, aunque aún no hay fecha prevista para el inicio del debate oral.
A este panorama se suma otra trama oscura: la denuncia por espionaje ilegal a familiares de las víctimas, un expediente que involucró al expresidente Mauricio Macri y que quedó archivado por decisión de la Corte Suprema en los últimos días.
El caso ARA San Juan sigue siendo una deuda pendiente del Estado argentino. Las familias, que han atravesado ocho años de espera, dolor y lucha, sostienen el mismo pedido inquebrantable desde el primer día: verdad y justicia para los 44 tripulantes que nunca regresaron.
