El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagado en la causa que investiga un presunto entramado de coimas, direccionamiento de compras y sobreprecios en la adquisición de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. Frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, Spagnuolo optó por no responder preguntas, aunque hizo un breve descargo en el que negó haber cometido un delito.
El exfuncionario permaneció poco más de una hora en el Juzgado Federal N° 11 y evitó brindar declaraciones a la prensa. En su descargo, buscó justificar dos puntos centrales de la acusación: los 82.000 dólares y 2.950 euros hallados en una caja de seguridad del Banco BBVA —que dijo no haber abierto desde abril de 2023— y la millonaria remodelación de su vivienda en el country Altos de Campo Grande, que aseguró limitarse a la construcción de una galería. Sin embargo, según la fiscalía, el nivel de obra y las empresas contratadas no coincidirían con esa explicación.
Spagnuolo decidió guardar silencio, mientras su abogado, Mauricio D’Alessandro, adelantó que presentará un estudio pericial que afirma que los audios que motivaron parte de la investigación fueron “editados con inteligencia artificial”. La defensa, no obstante, desistió este miércoles de presentar el escrito y la pericia, algo que podría hacer más adelante.
La acusación fiscal
Para el fiscal Picardi, Spagnuolo fue un actor central del esquema de corrupción investigado. Está imputado como jefe u organizador de una asociación ilícita junto a Daniel María Garbellini —ex director de Acceso a los Servicios de Salud— y los supuestos operadores externos Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, este último señalado como un “jefe paraestatal” que impartía órdenes dentro de la agencia pese a no tener cargo formal.
Según la acusación, Spagnuolo permitió el direccionamiento de compras hacia cuatro droguerías que obtenían contratos millonarios mediante compulsas presuntamente ilegales y con sobreprecios en las prestaciones PACBI, destinadas a personas sin cobertura médica y en situación de extrema vulnerabilidad. A cambio, habría recibido pagos indebidos.
Las pruebas incluyen registros de visitas a su casa en Pilar, el uso de una máquina de contar billetes —incautada durante un allanamiento— y comunicaciones comprometedoras entre Calvete y otros implicados. En una de ellas, el empresario pedía reunir cinco millones de pesos para “el pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, en referencia a Spagnuolo, aunque finalmente quien viajó fue Garbellini.
En agosto de 2025, las cámaras de seguridad del domicilio de Calvete captaron a Spagnuolo saliendo con una mochila, hecho que la fiscalía interpreta como parte del esquema de pagos. La defensa planteó dudas sobre esa evidencia, ya que la Justicia solo obtuvo capturas de pantalla almacenadas en el teléfono del propio Calvete.
Lo que viene
La causa continúa avanzando con una intensa agenda de indagatorias. Mañana declarará el exfuncionario Daniel Garbellini, mientras que otros implicados ya pasaron por los tribunales, incluido Calvete, quien también se negó a declarar el martes.
La investigación, que abarca al menos 15 imputados, pone el foco en un sistema de corrupción que habría desviado fondos destinados a políticas públicas de discapacidad, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables del país.
