El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco resolvió la separación definitiva del comisario Daniel Augusto Melchiori de la Policía provincial, en el marco de la causa que lo investiga por abuso de autoridad, apremios ilegales y falsedad ideológica, iniciada a partir de una denuncia de la organización civil Todos por Todos. La decisión implica el fin de su carrera en la fuerza y la prohibición de reasignación a cualquier dependencia policial.
Melchiori ya se encontraba inhabilitado desde septiembre para ejercer funciones en los departamentos Almirante Brown, Güemes y Maipú, por orden del juez Rodolfo Lineras, luego de que se hiciera lugar a un hábeas corpus colectivo promovido por la mencionada ONG. Con esta nueva resolución del STJ, el exjefe policial de Taco Pozo queda definitivamente apartado, mientras continúa la investigación penal en la Fiscalía de Derechos Humanos.
La decisión fue adoptada por la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del STJ, integrada por Iride Isabel María Grillo y Víctor Emilio Del Río, con secretaría de Cecilia Araceli Vargas, en el marco del expediente N° 6968/2025-2, “Asociación Civil Todo por Todos s/ hábeas corpus”. En la Sentencia N° 314 del 7 de noviembre de 2025, el Tribunal confirmó en lo sustancial el fallo del juez Lineras del 22 de septiembre, que había reconocido una amenaza real y actual a la libertad ambulatoria de integrantes de la organización civil a raíz del accionar de Melchiori.
El STJ desestimó los planteos de la Fiscalía de Estado, reafirmando la validez del hábeas corpus colectivo y reparador como herramienta judicial para proteger a la ciudadanía frente a hechos de violencia institucional. Solo introdujo un cambio en materia de costas, al ordenar que Melchiori abone los honorarios de las abogadas de la Asociación “Todos por Todos”, fijados en $1.288.000, en aplicación del artículo 17 de la Ley 886-B.
Desde el entorno judicial señalaron que la medida busca garantizar la transparencia del proceso penal y evitar interferencias mientras siguen las actuaciones en curso. El fallo del STJ refuerza el control judicial sobre el uso del poder coercitivo estatal y busca preservar las condiciones de seguridad para las actividades comunitarias en Taco Pozo y zonas aledañas, mientras se avanza en la determinación de responsabilidades penales y administrativas del excomisario.
