El reciente hallazgo sin vida de Acai, la yaguareté chaqueña monitoreada por ambientalistas, reaviva el recuerdo del histórico fallo judicial en Formosa, donde por primera vez cuatro cazadores fueron condenados a prisión por matar a un ejemplar de esta especie en peligro de extinción.
La desaparición y posterior confirmación de la muerte de Acai, la yaguareté monitoreada en los bosques del Chaco, volvió a poner en el centro del debate la caza furtiva y la fragilidad del hábitat del mayor felino de Sudamérica.
El caso trae inevitablemente a la memoria el precedente histórico ocurrido en Formosa, donde la Justicia Federal impuso dos años de prisión de cumplimiento efectivo a cuatro hombres que mataron, carnearon y difundieron imágenes de un yaguareté en redes sociales. Fue la primera condena penal en Argentina por este tipo de delito, tras más de 20 años de impunidad y más de 70 causas sin resolución.
Los condenados —Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León, Claudio Hugo Cisneros y Máximo Cisneros— admitieron su responsabilidad en el hecho ocurrido en julio de 2024. La sentencia fue considerada un antes y un después por organizaciones ambientales como Greenpeace y la Fundación Red Yaguareté, que fueron parte querellante junto al Estado Nacional y la provincia de Formosa.
El juez Morán dictó la pena en el marco de un juicio abreviado y marcó un hito judicial: “Por primera vez en la historia, se condena a cazadores de yaguaretés con prisión efectiva”.
Las organizaciones celebraron el fallo, pero advirtieron que la caza furtiva y la deforestación siguen siendo las principales amenazas para la supervivencia de los pocos ejemplares que quedan en el país —apenas 250 según Greenpeace—.
El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, Hernán Giardini, remarcó que “la destrucción de los bosques debería tipificarse como delito penal” para frenar el deterioro del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, donde sobreviven apenas unos 20 individuos.
La muerte de Acai evidencia que la protección sigue siendo insuficiente. Monitoreada por científicos y ambientalistas, su pérdida reabre un debate urgente: ¿cómo proteger al símbolo natural del norte argentino frente a la caza, los desmontes y la indiferencia estatal?
