El fallo de la Justicia de Eldorado declaró que Uber es una actividad privada entre particulares y dejó sin efecto multas impuestas en Puerto Iguazú. La decisión marca un antecedente clave y exige a los municipios contar con regulaciones específicas para penalizar a las plataformas digitales.
La Justicia de Misiones emitió una resolución que podría redefinir el debate sobre el funcionamiento de las plataformas de transporte en la provincia. La jueza Correccional de Eldorado, Marisa Aquino, determinó que Uber no constituye un servicio público como taxis o remises, sino una actividad privada regida por el Derecho Civil y Comercial. Bajo esa interpretación, dejó sin efecto todas las sanciones que el Tribunal de Faltas de Puerto Iguazú había aplicado al conductor Julio César Ayala, acusado de transportar pasajeros sin habilitación municipal.
El conflicto se originó el 3 de abril de 2024, cuando inspectores de tránsito labraron un acta contra Ayala en el aeropuerto de Iguazú y retuvieron su vehículo. El municipio consideró que el chofer prestaba un servicio de remís sin habilitación, pero su defensa sostuvo que el traslado había sido acordado entre particulares mediante una aplicación y no constituía transporte público.
La jueza Aquino coincidió con esos argumentos y concluyó que Puerto Iguazú no cuenta con una normativa clara y razonable que regule el funcionamiento de las plataformas digitales. Sostuvo que el municipio aplicó sanciones sin cumplir los principios básicos del derecho administrativo: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y derecho de defensa. Por esa razón, dispuso el sobreseimiento total del conductor y la anulación de las multas.
En su decisión, Aquino remarcó que Uber opera a través de contratos privados entre conductor y usuario, lo que la diferencia del sistema de taxis y remises regulado por las ordenanzas municipales. Además, subrayó que ninguna norma vigente en Puerto Iguazú prohíbe o limita expresamente este tipo de actividad, por lo que la imputación resultaba improcedente.
La jueza también cuestionó la actuación municipal en el aeropuerto y advirtió que los controles intensivos no pueden derivar en sanciones sin sustento jurídico. Finalmente, instó a los municipios de Misiones a debatir y sancionar marcos regulatorios específicos si desean ordenar la actividad de las plataformas digitales.
El fallo, que se suma a decisiones similares en otras provincias, refuerza la necesidad de actualizar la legislación ante nuevas formas de trabajo y movilidad impulsadas por la tecnología.
