El dirigente social Carlos Iván Barraza, fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), fue condenado hoy a 10 años de prisión efectiva por los delitos de fraude al Estado y peculado de bienes y servicios. La sentencia fue dictada por la Cámara del Crimen de Resistencia, que también le impuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La condena llega tras un proceso judicial en el que se probó que Barraza desvió más de $100 millones de fondos públicos destinados a programas sociales e infraestructura, fondos que debían haberse utilizado para proyectos de viviendas y limpieza en diversas localidades, como Barranqueras y Colonia Elisa. Estos proyectos nunca fueron ejecutados según lo previsto, lo que resultó en un significativo perjuicio al Estado y a las comunidades afectadas.
El tribunal, integrado por las juezas Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey, halló a Barraza responsable de un esquema organizado de desvío de fondos públicos. Entre las pruebas presentadas, se destacó el manejo discrecional de recursos del SAMEEP, donde Barraza ejercía cargos jerárquicos. En su posición, utilizó maquinaria y personal del organismo para fines personales, violando las normativas que regulan el uso de recursos públicos.
Al momento de escuchar la sentencia, Barraza sorprendió a todos en la sala con un aplauso en solitario y gesticulaciones hacia la cámara que lo filmaba, lo que generó desconcierto entre los presentes.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de bienes relacionados con los delitos cometidos, incluyendo vehículos, herramientas y documentos, que pasarán a manos del Estado provincial. El fallo también abre nuevas líneas de investigación sobre otros posibles responsables en este caso de corrupción, incluidos funcionarios de la administración pública como Carlos Mauricio Andión, ex titular del IAFEP, y Laura Moreno, quienes podrían haber facilitado la disposición irregular de fondos durante los años 2022 y 2023.
La justicia continuará indagando sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas y el manejo de personal en el SAMEEP, que habrían favorecido a Barraza y su círculo cercano. Este escándalo de corrupción, que involucra grandes sumas de dinero mal gestionado, sigue siendo uno de los casos más emblemáticos de fraude al Estado en la provincia.
Con esta condena, la justicia busca no solo sancionar a los responsables, sino también recuperar los fondos desviados, con la esperanza de restaurar parcialmente los recursos que deberían haber sido destinados al bienestar de los ciudadanos más necesitados. La investigación continúa, y nuevos responsables podrían ser identificados a medida que se profundiza en el caso.
