Están acusados de sustraer estupefacientes durante un operativo histórico en Colonia Benítez. Hay oficiales jefes entre los implicados y no descartan más detenciones.
El escándalo institucional en la Policía del Chaco continúa profundizándose. Ya son siete los efectivos policiales detenidos por su presunta participación en el robo de estupefacientes durante un operativo de incineración realizado este jueves en el polígono de tiro policial de Colonia Benítez.
Entre los implicados se encuentran dos oficiales jefes, un oficial subalterno y cuatro suboficiales subalternos, todos pertenecientes al área de Drogas Peligrosas. La causa se encuentra en manos de la Justicia Federal, que avanza con la investigación y no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.
El procedimiento en cuestión consistía en la quema e incineración de más de 2.000 kilos de marihuana, 80 kilos de cocaína, 48 atados de cigarrillos de contrabando y 215 frascos de ketamina, sustancias secuestradas en distintos operativos realizados tanto en el área metropolitana como en el interior provincial. El valor estimado del material incinerado rondaba los 1.200 millones de pesos, motivo por el cual había sido presentado como un hecho histórico.
Sin embargo, durante el desarrollo del operativo, autoridades judiciales detectaron una maniobra irregular que derivó en el hallazgo de nueve kilos de cocaína ocultos en un vehículo afectado al procedimiento, lo que dio inicio inmediato a una investigación penal.
Ante esta situación, el fiscal Juan Marcelo Burella Acevedo ordenó la detención inmediata de los policías involucrados, además del secuestro de sus teléfonos celulares, como parte de las medidas probatorias para determinar el alcance de la maniobra y establecer responsabilidades individuales.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se trabaja para precisar cuánta droga habría sido sustraída y si existió una estructura organizada dentro del operativo de incineración.
Por su parte, la Policía del Chaco emitió un comunicado oficial en el que confirmó que los siete efectivos permanecen detenidos y a disposición de la Justicia Federal, sin brindar identidades ni jerarquías, y anunció que el Órgano de Control Institucional inició de manera inmediata un sumario administrativo.
Como medida preventiva, la fuerza dispuso la separación del servicio de todos los efectivos involucrados y la retención de haberes, hasta que se resuelva su situación judicial y administrativa.
En el cierre del comunicado, la institución expresó que “rechaza enfáticamente cualquier conducta que se aparte del marco legal y ético que rige la función policial”, reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará informando sobre el avance de la investigación.
La causa continúa en plena etapa investigativa y el caso ya es considerado uno de los mayores escándalos policiales del año en la provincia.
