Un juez federal dictó una medida cautelar que dejó sin efecto, de manera provisoria, el decreto que había suspendido la norma. Dispuso actualizar salarios docentes y becas estudiantiles tras la insistencia del Congreso.
Un juez federal resolvió suspender de forma provisoria el decreto del Gobierno nacional que había dejado en pausa la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La decisión fue adoptada en el marco de un amparo colectivo y obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y becas para estudiantes universitarios.
El fallo fue dictado por Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a una medida cautelar contra el Decreto 759/2025. Según sostuvo el magistrado, la norma firmada por el Ejecutivo presentaría, en esta etapa inicial del proceso, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al haber condicionado la aplicación de una ley que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
La acción judicial fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades, que cuestionaron la validez constitucional del decreto y reclamaron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. En su resolución, el juez remarcó que la insistencia legislativa de ambas cámaras no admite, en principio, una suspensión de la norma por vía administrativa.
Cormick explicó que la cautelar tiene carácter innovativo, ya que ordena cumplir de manera inmediata con artículos centrales de la ley vinculados a la actualización de fondos para salarios y becas. Si bien reconoció que se trata de una medida excepcional, consideró acreditados los requisitos legales, entre ellos la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, dada la pérdida del poder adquisitivo que atraviesa el sector docente.
En ese sentido, el magistrado señaló que el deterioro salarial afecta no solo a los trabajadores universitarios, sino también al derecho a enseñar y aprender, consagrado en la Constitución Nacional. Además, relativizó el impacto fiscal de la medida y sostuvo que el eventual ahorro presupuestario que implicaría no aplicar la ley resulta “poco significativo”.
El decreto suspendido había sido firmado por el presidente Javier Milei y se apoyaba en una norma de menor jerarquía para frenar la ejecución de la ley, argumento que el juez consideró insuficiente frente a un mandato constitucional expreso. Por ese motivo, resolvió declarar inaplicable el Decreto 759/2025 en lo referido a la suspensión de la ley universitaria.
La medida cautelar regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa y fue concedida bajo caución juratoria. Mientras tanto, el Estado nacional deberá cumplir de forma inmediata con lo dispuesto por la ley de financiamiento universitario.
