El Gobierno nacional volverá a impulsar modificaciones en la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias de 2026, luego de que los cambios propuestos quedaran fuera de la Ley Bases. La iniciativa apunta a reordenar la normativa vigente y contempla, entre otros puntos, la posibilidad de que los jueces autoricen internaciones involuntarias en determinados casos.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto será elaborado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y podría ser anunciado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones del Congreso, el próximo 1° de marzo. Desde el oficialismo aseguran que la reforma responde a reclamos de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, tiene como eje la desmanicomialización y la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, el Gobierno sostiene que su aplicación presenta falencias debido a la falta de dispositivos adecuados y herramientas legales para actuar ante situaciones de riesgo.
Entre los cambios que se analizan se encuentran la habilitación de internaciones como recurso terapéutico excepcional con intervención judicial, la creación de centros especializados, la modificación de los criterios de egreso y rehabilitación, y una reconfiguración del Órgano de Revisión.
El debate vuelve a generar controversia entre organizaciones de derechos humanos y activistas del sector, que advierten sobre un retroceso en materia de derechos. No obstante, desde la Casa Rosada defienden la iniciativa y citan casos de violencia vinculados a trastornos mentales sin contención adecuada, además de testimonios como el de Marina Charpentier, madre del músico Chano, quien ha reclamado públicamente una actualización de la normativa.
La discusión promete instalarse nuevamente en la agenda legislativa y reabrir un debate sensible sobre el equilibrio entre derechos, atención sanitaria y seguridad pública.
