Felicitas, una joven cordobesa de 22 años, atraviesa un momento crítico en Estados Unidos, luego de haber sido detenida durante un trámite migratorio y quedar sujeta a un proceso que podría derivar en su deportación. La joven había ingresado de manera legal en 2023 con una visa de trabajo y se encontraba gestionando la residencia permanente tras haberse casado con un ciudadano estadounidense.
La detención ocurrió cuando asistió a una de las instancias finales del proceso de ajuste migratorio, iniciado a partir de su matrimonio con Marcus, celebrado en febrero de este año, apenas un mes antes del vencimiento de su visa. Según relató su familia, Felicitas acudió confiada a lo que entendía como un trámite administrativo más, sin prever ningún tipo de inconveniente.
Sin embargo, durante la gestión intervino un agente del ICE, quien dispuso su arresto al considerar que la joven había excedido el tiempo permitido de permanencia en el país. A partir de ese momento, Felicitas permaneció privada de la libertad durante diez días en condiciones que su familia describió como extremas.
Su madre, Mariana Lozita, relató que su hija estuvo esposada de pies y manos, con cadenas sujetas a la cintura, durante gran parte del tiempo de detención. Además, remarcó que Felicitas contaba con un permiso laboral vigente, otorgado tras el matrimonio, y que el trámite de reconocimiento del vínculo le permitía permanecer en el país mientras se resolvía la residencia, sin necesidad de salir del territorio estadounidense.
La situación se agravó cuando la joven no fue trasladada a una audiencia judicial prevista para el 5 de diciembre, lo que generó el malestar de la jueza interviniente. Finalmente, Felicitas recuperó la libertad bajo fianza, fijada en el monto mínimo de 1.500 dólares, aunque quedó sujeta a un régimen de libertad condicional.
Actualmente, la joven porta una tobillera electrónica y aguarda una audiencia de deportación que será determinante para su futuro. El caso se inscribe en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias. Desde el 1 de agosto, una actualización del manual del USCIS establece que una solicitud de residencia por vínculo familiar no otorga automáticamente estatus legal ni protege frente a un proceso de expulsión.
La nueva normativa habilita a las autoridades a iniciar procedimientos de deportación en cualquier etapa del trámite, incluso cuando la solicitud está en curso. Mientras tanto, Felicitas permanece a la espera de una resolución judicial que definirá si podrá continuar su vida en Estados Unidos o si deberá abandonar el país pese a haber iniciado el proceso de regularización por la vía legal.
