En representación del Estado Nacional, Manuel Adorni fue designado como director de YPF, ocupando la vacante que dejó Guillermo Francos. La petrolera comunicó este viernes la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV), detallando que el funcionario ejercerá el cargo ad honorem, tras haber renunciado a percibir honorarios.
Adorni asumirá como Director Titular clase A con Acción de Oro, una figura que otorga facultades especiales de veto en decisiones estratégicas consideradas sensibles para la compañía. De este modo, solo percibirá su salario como jefe de Gabinete, estimado en $5,9 millones brutos mensuales.
En la misma notificación, YPF informó la renuncia de los directores titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, quienes dejaron sus cargos por “razones de estricta índole personal”. Sus lugares serán ocupados por Guillermo Francos y por el exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra.
Maquieyra es magíster en Gestión en Gas y Petróleo y se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados entre 2017 y 2025. Además, tuvo un rol activo en la negociación parlamentaria de la Ley de Bases, especialmente en el capítulo energético, uno de los ejes de las reformas impulsadas por el oficialismo.
Desde la empresa precisaron que los directores designados permanecerán en funciones hasta la elección de nuevas autoridades por parte de la Asamblea de Accionistas. Según lo aprobado en abril del año pasado, el presupuesto total para honorarios del directorio asciende a $11.096 millones, con remuneraciones promedio cercanas a $75 millones mensuales por integrante.
La incorporación de Adorni se enmarca en una serie de modificaciones promovidas por el gobierno de Javier Milei en la conducción de YPF, actualmente presidida por Horacio Marín. Las designaciones fueron informadas tanto al mercado local como a la Bolsa de Nueva York.
Frente judicial en Estados Unidos
En paralelo, el Gobierno nacional solicitó ante la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York, la suspensión del proceso de discovery y de la moción de desacato presentada por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF.
El pedido fue realizado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que cuestionó el uso de ese mecanismo judicial al considerar que los requerimientos de información se volvieron “intrusivos y desproporcionados”, denunciando un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”, con potencial impacto en la soberanía y las relaciones diplomáticas.
El discovery permite a los acreedores solicitar datos para identificar activos embargables. Según el Estado argentino, desde diciembre de 2023 se cumplió plenamente con todas las obligaciones impuestas por el tribunal, aportando documentación en un volumen “sin precedentes”. Sin embargo, los demandantes habrían ampliado sus exigencias, incluyendo información sobre las reservas de oro del Banco Central, bienes que el Gobierno remarcó están protegidos por inmunidad de ejecución.
La defensa argentina sostuvo que el proceso “se ha desnaturalizado” y excede el objeto original del litigio, al tiempo que apuntó contra Burford Capital, principal beneficiario del fallo, por intensificar la presión judicial. Finalmente, el Gobierno anticipó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la posición del país en las distintas instancias del proceso.
