Tras la captura del líder chavista, la justicia federal argentina activó los mecanismos para juzgarlo en el país bajo el principio de jurisdicción universal. Mientras tanto, en Nueva York, Maduro rechazó los cargos de narcotráfico y se declaró ante el juez como un «prisionero de guerra».
El escenario judicial para Nicolás Maduro se complejiza a escala internacional. Este lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente al juez Sebastián Ramos iniciar los trámites de extradición para que el exmandatario venezolano sea traído a la Argentina. El pedido se enmarca en una causa por delitos de lesa humanidad abierta en los tribunales de Comodoro Py, impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo.
Stornelli argumentó que la detención de Maduro en EE. UU. representa una oportunidad única para cumplir con la orden de captura internacional emitida por la justicia argentina en septiembre de 2024. De avanzar el magistrado con esta medida, la Cancillería argentina deberá tramitar el exhorto diplomático ante el gobierno de Donald Trump. Argentina aplica en este caso el principio de «jurisdicción universal», que permite juzgar crímenes atroces independientemente de dónde se hayan cometido.
En paralelo, Maduro tuvo su primera aparición ante un tribunal de Nueva York. Lejos de mostrarse dócil, el detenido se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En un breve pero desafiante descargo ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, confirmando que el venezolano permanecerá recluido en el centro de detención de Brooklyn
