Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la central obrera adoptó una postura más pragmática. Mientras mantiene canales de diálogo con el Gobierno, busca apoyo en los gobernadores para modificar los puntos más críticos del proyecto que el oficialismo pretende sancionar en el Senado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) inició el 2026 en estado de alerta máxima, pero con un cambio de táctica. El éxito del Ejecutivo para disciplinar votos provinciales durante la discusión del Presupuesto —que incluyó el reparto récord de ATN en diciembre— obligó a los gremios a abandonar la idea del bloqueo total. Ahora, el objetivo es «limar» los artículos que amenazan directamente la estructura sindical: las restricciones a las cuotas solidarias, la primacía de convenios por empresa sobre los de actividad y la limitación del derecho a huelga en servicios esenciales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera la contraofensiva oficial. Esta semana inició una gira por diez provincias (comenzando por Chubut con Ignacio Torres) para blindar los 37 votos necesarios en el Senado. En la Casa Rosada confían en que el debate, previsto para la segunda semana de febrero, encontrará a un oficialismo fortalecido por las alianzas electorales selladas en distritos clave como Chaco, Mendoza y San Juan.
Como moneda de cambio, la CGT puso sobre la mesa un proyecto propio: un Régimen Especial para Menores de 30 años. Esta propuesta plantea un esquema de «flexibilidad transitoria» para el primer empleo, con menores contribuciones patronales pero manteniendo derechos básicos, intentando así demostrar voluntad de «modernización» sin ceder en los derechos de los trabajadores ya registrados. Sin embargo, la advertencia de Jorge Sola (triunvirato CGT) fue clara: si la reforma avanza sobre preceptos constitucionales, el conflicto se trasladará inevitablemente a la Justicia.
