Detrás de los karaokes coreanos del barrio porteño del Bajo Flores, conocidos por sus noches de canto y alcohol, la Justicia investiga desde hace casi una década una presunta red de explotación sexual que hoy vuelve a quedar bajo la lupa en Comodoro Py. El caso, impulsado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), expone una trama compleja que podría enfrentar un giro decisivo en el proceso judicial.
El principal imputado es un ciudadano coreano de 49 años, identificado como B.H.K. y conocido en su comunidad como “Manuel”, quien días atrás recibió una prórroga de seis meses en su prisión preventiva. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 y confirmada por la Cámara Federal durante la feria judicial.
La causa investiga el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según la acusación original, “Manuel” y al menos tres colaboradores habrían captado y trasladado a mujeres de nacionalidad coreana para someterlas a situaciones de explotación en locales nocturnos camuflados como karaokes, ubicados principalmente en la zona de las calles Lautaro, Remedios de Escalada y Carabobo.
La investigación comenzó en 2016, tras una denuncia anónima realizada a la línea 145, que alertaba sobre actividades sexuales encubiertas en un karaoke del Bajo Flores. Los primeros allanamientos revelaron habitaciones privadas, registros de pases y elementos vinculados al comercio sexual. Sin embargo, en una etapa inicial del expediente, la Justicia dictó la falta de mérito para los acusados, al considerar insuficientes las pruebas reunidas.
El caso tomó nuevo impulso a fines de 2023, cuando nuevos operativos de la Policía Federal detectaron locales activos vinculados a la misma red. En uno de ellos, los investigadores hallaron a una menor de 17 años que, según la acusación, era explotada sexualmente. A partir de ese hallazgo, la jueza María Servini ordenó los procesamientos con prisión preventiva y un embargo millonario contra los imputados.
Escuchas telefónicas, seguimientos y testimonios reservados reforzaron la hipótesis fiscal: cobros sistemáticos, traslado de mujeres, control de ingresos y reparto de ganancias. En una de las conversaciones incorporadas al expediente, una mujer describió que el responsable del local se quedaba con la mitad de lo recaudado por cada servicio.
No obstante, la causa presenta una paradoja central que podría favorecer a los acusados: hasta el momento, la fiscalía no logró acreditar de manera concluyente que las mujeres coreanas mantenían relaciones sexuales con los clientes. En sus declaraciones, varias de ellas sostuvieron que solo acompañaban a los asistentes en las salas privadas para conversar y beber, sin ejercer prostitución.
Esa dificultad probatoria abre un interrogante clave para el futuro del juicio. Según fuentes vinculadas a la investigación, la ausencia de pruebas directas dentro de los locales podría debilitar la acusación por trata, pese al contexto y a los indicios reunidos.
Mientras tanto, la causa continúa su curso en los tribunales federales, con una historia que combina migración, negocios nocturnos y presunta explotación, y que vuelve a poner en discusión los límites entre la informalidad, el delito y las zonas grises que aún persisten en la noche porteña.
