El presidente Javier Milei ratificó en el Foro Económico Mundial de Davos que no aceptará modificaciones al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La definición fue analizada junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes lideran el ala más dura del gabinete en defensa del dictamen aprobado en comisiones.
Se trata del texto de 78 páginas que obtuvo dictamen favorable el pasado 18 de diciembre en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. En el oficialismo sostienen que introducir cambios en esta instancia implicaría ceder en uno de los pilares centrales del programa de gobierno con el que Milei llegó a la Casa Rosada.
El Presidente comparte esa visión y considera inadmisible cualquier modificación previa al tratamiento en el recinto. En su entorno aseguran que el Ejecutivo confía en reunir el quórum necesario y alcanzar la media sanción en el Senado, apoyado en el trabajo político que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, a través de negociaciones individuales con gobernadores aliados y peronistas.
Gobernadores, recursos y tensiones
La estrategia oficial apunta a canalizar los reclamos provinciales de manera segmentada, evitando acuerdos en bloque, especialmente frente a la resistencia de varios mandatarios a aceptar cambios en el impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable clave para las finanzas provinciales. Desde el Gobierno aclararon que cualquier modificación impositiva quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía y no será automática tras una eventual sanción de la ley.
En ese marco, el espacio Provincias Unidas —integrado por Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy— había advertido que no acompañará cambios que afecten los recursos coparticipables. Sin embargo, la Casa Rosada intenta generar fisuras en ese frente, en particular con Chubut, que atraviesa una situación crítica por los incendios forestales y reclama asistencia financiera.
En paralelo, gobernadores que muestran señales de rebeldía reconocen en privado el riesgo de represalias políticas. En el entorno del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo interpretaron como un “correctivo” la difusión de imágenes de sus vacaciones en el Caribe en medio de inundaciones en la provincia, situación que aceleró su regreso al país.
La CGT, en alerta y con la Justicia en la mira
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo sigue de cerca el avance parlamentario del proyecto. En la central sindical estiman que a la oposición le faltarían al menos seis votos para frenar la ley en el Senado y admiten las dificultades para torcer la voluntad de los gobernadores, condicionados por la situación económica de sus distritos.
Ante ese escenario, la CGT decidió desplegar una estrategia territorial. El triunvirato que conduce la central —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— recorrerá provincias en los próximos días para intentar sumar apoyos políticos y sociales contra la reforma.
Desde el sindicalismo advirtieron que, si el proyecto se aprueba sin cambios, avanzarán con presentaciones judiciales por su presunta inconstitucionalidad. Los principales cuestionamientos se centran en la negociación colectiva, los aportes solidarios, las limitaciones al derecho de huelga y el nuevo esquema de indemnizaciones.
Un conflicto en desarrollo
Aunque dentro de la CGT conviven distintas posturas, la mayoría de la conducción busca agotar primero las instancias políticas antes de convocar a una huelga general, una alternativa impulsada con mayor fuerza por el sector sindical alineado con el kirchnerismo. En paralelo, dirigentes como Luis Barrionuevo reactivaron encuentros gremiales para mostrar capacidad de movilización y presión política.
En el Senado, la negociación continúa abierta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participa de las conversaciones legislativas y mantiene contactos para evaluar el escenario parlamentario. Sin embargo, desde la Mesa Política del Gobierno aseguran que la postura presidencial es inamovible: la reforma laboral debe aprobarse sin modificaciones.
Con posiciones cada vez más endurecidas y márgenes de negociación acotados, el debate por la reforma laboral se perfila como uno de los principales focos de tensión política y social del año.
