La próxima semana comenzará en el Senado una nueva etapa de negociaciones entre el Gobierno nacional y la CGT para introducir modificaciones a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Mientras tanto, la central obrera prepara una gira por distintas provincias con el objetivo de presionar a los gobernadores y evitar que respalden el proyecto tal como fue enviado al Congreso.
Los cotitulares de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, definieron un recorrido que incluirá inicialmente a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego continuar por la Patagonia, con visitas previstas a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La estrategia sindical apunta a sumar respaldo político para frenar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores y para el financiamiento sindical.
Desde la central obrera sostienen que, además de los cambios en materia laboral, el proyecto incluye un capítulo impositivo que impactará de manera directa en los recursos que reciben las provincias por coparticipación. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias implicarían una pérdida fiscal anual cercana al 0,22% del PBI, de los cuales más de $1,1 billones afectarían a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo, el Gobierno también intensificó contactos con mandatarios provinciales a través del ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de sostener el respaldo al proyecto original.
En el plano legislativo, el viernes 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, coordinada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. Allí se analizarán posibles cambios consensuados con la CGT, con la intención de emitir un nuevo dictamen hacia fines de mes.
Entre los puntos de mayor conflicto, el Gobierno se muestra inflexible respecto a la eliminación de la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota sindical. En la Casa Rosada argumentan que esa práctica no se ajusta a los estándares internacionales de la OIT. Sin embargo, sí habría disposición oficial a flexibilizar el esquema de las cuotas solidarias, uno de los reclamos centrales del sindicalismo.
Otro aspecto donde podría haber concesiones es en la reglamentación del derecho de huelga en sectores esenciales como transporte, salud y educación. El oficialismo evalúa quitar los porcentajes fijos de servicios mínimos y avanzar hacia un sistema de autorregulación sindical, con intervención estatal solo en casos extremos.
En cambio, genera fuertes tensiones la propuesta de crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones por despido, financiado con un aporte empresarial del 3% de la masa salarial. Mientras el Gobierno asegura que el impacto previsional sería compensado, la CGT exige ver los números y advierte sobre un posible desfinanciamiento del sistema jubilatorio.
También siguen bajo discusión los artículos que priorizan los convenios por empresa por sobre los acuerdos por actividad y aquellos que facilitan la creación de sindicatos empresariales. En este punto, el Gobierno estaría dispuesto a retirar el artículo que incentiva nuevas organizaciones sindicales por empresa, aunque mantiene la idea de flexibilizar la negociación colectiva.
La CGT, que ya logró eliminar algunos artículos en versiones previas del proyecto, insiste ahora en modificar los límites a la actividad gremial de los delegados y en rechazar la reducción de aportes patronales a las obras sociales sindicales, una medida que, según los gremios, implicaría una pérdida anual de hasta 700 millones de dólares para el sistema de salud laboral.
Con negociaciones abiertas y una fuerte disputa política en marcha, las próximas semanas serán clave para definir el alcance final de una reforma laboral que el Gobierno considera inevitable, pero que el sindicalismo busca suavizar antes de su sanción definitiva.
