Con el objetivo de sesionar en febrero, el oficialismo busca acuerdos con las provincias para alcanzar el quórum. El impacto fiscal y los fondos coparticipables son los principales obstáculos en la mesa de debate.
El Gobierno nacional ha puesto en marcha una agresiva estrategia política para intentar sancionar la Reforma Laboral durante el segundo tramo de las sesiones extraordinarias. Con la mirada puesta en febrero, el Ejecutivo inició una serie de contactos informales con gobernadores y legisladores provinciales, quienes hoy tienen la llave para abrir el debate en ambas cámaras.
La ingeniería legislativa es compleja. En el Senado, el oficialismo cuenta con 21 votos propios y necesita llegar a 37 para el quórum. En Diputados, parten de un piso de 109 voluntades y requieren 129. El radar oficial apunta a provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco y Mendoza, donde el radicalismo y los bloques provinciales podrían aportar el respaldo necesario si las negociaciones llegan a buen puerto.
Sin embargo, el principal escollo no es ideológico, sino económico. Los mandatarios provinciales alertan sobre el impacto fiscal del proyecto: estiman que la reducción de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias y la eliminación de otros tributos representaría una pérdida superior al billón de pesos en recursos coparticipables.
Desde el Ejecutivo ya admiten que el dictamen original podría sufrir modificaciones técnicas para incluir observaciones de la CGT y entidades empresarias, pero el verdadero cierre del acuerdo dependerá de las concesiones tributarias que la Casa Rosada esté dispuesta a ceder a las provincias para compensar la caída de ingresos.
