Reforma laboral: las señales que tranquilizan a la CGT y el funcionario que quedó al margen de las negociaciones

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Mientras el termómetro porteño sigue en alza, en la CGT el clima comenzó a moderarse frente al avance de la reforma laboral. Los principales dirigentes sindicales esperan retomar la semana próxima las negociaciones con el Gobierno para intentar introducir cambios en el proyecto y, aunque no cuentan con garantías concretas, interpretan como alentadoras algunas señales políticas recientes.

La más relevante para la central obrera es el corrimiento de Federico Sturzenegger de las conversaciones de primera línea. El ministro de Desregulación es, dentro del Gabinete, el funcionario que mayor rechazo genera en el sindicalismo, por haber impulsado medidas consideradas hostiles hacia los gremios, tanto en el DNU 70 como en el actual texto de la reforma, especialmente en lo referido a las cuotas solidarias y a la regulación del derecho de huelga.

Tras la presentación del proyecto y la movilización de la CGT a la Plaza de Mayo del 18 de diciembre, comenzó a ganar peso el ala política del oficialismo, integrada por actores con mayor llegada al sindicalismo. En ese esquema aparecen el asesor presidencial Santiago Caputo y los hermanos Menem —Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, desde la Secretaría General de la Presidencia— como interlocutores más permeables al diálogo.

También fue clave el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene vínculos históricos con dirigentes gremiales y les transmitió que existe voluntad política de revisar algunos puntos del proyecto. Sin embargo, el giro que más sorprendió en la CGT fue el de Patricia Bullrich. La actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza había respaldado junto a Sturzenegger la versión más dura de la iniciativa, pero en las últimas semanas se convirtió en una de las principales impulsoras del diálogo con los sindicatos para facilitar su aprobación en el Congreso.

La propia Bullrich reconoció días atrás que el Gobierno está dispuesto a negociar modificaciones: aseguró que, al igual que ocurrió con la Ley Bases, la reforma laboral sufrirá ajustes para reunir los votos necesarios en el Senado. En ese marco, este viernes comenzará a funcionar una comisión técnica en la Cámara Alta, coordinada por su asesora Josefina Tajes, que analizará los cuestionamientos planteados por la CGT y por sectores empresariales.

Desde el sindicalismo, sin embargo, prima la cautela. Aunque destacan la apertura al diálogo, advierten que todavía no hay certezas de que los puntos más sensibles del proyecto sean efectivamente modificados o eliminados. Por eso, la CGT decidió avanzar con una estrategia doble: negociar con el oficialismo en el plano legislativo y, en paralelo, reforzar la presión política en las provincias.

En ese sentido, dos de los cotitulares de la central, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, iniciarán en los próximos días una gira que incluirá Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego continuar por Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El objetivo es convencer a los gobernadores de no respaldar el proyecto tal como está redactado actualmente.

El Gobierno, por su parte, también intensificó los contactos territoriales. Santilli ya se reunió en Resistencia con el gobernador chaqueño Leandro Zdero, quien ratificó su apoyo a la reforma y la definió como una herramienta clave para mejorar la competitividad y fomentar el empleo formal. El cronograma oficial seguirá este viernes con un encuentro entre el ministro del Interior y el mandatario pampeano Sergio Ziliotto, en la Casa Rosada.

Aunque la CGT prioriza el camino del diálogo, no descarta volver a la calle. Si el Senado avanza con el debate del proyecto a partir del 10 de febrero sin introducir cambios significativos, la central obrera evalúa convocar a una nueva movilización frente al Congreso para presionar a los legisladores.

En los próximos días, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse para evaluar el estado de las negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios y definir hasta dónde está dispuesto a ceder. De ese resultado dependerá si la tensión sindical se mantiene bajo control o si, en pleno verano, el conflicto vuelve a subir de temperatura.