Con la reforma laboral como prioridad inmediata, el núcleo político del Gobierno volvió a reunirse en Casa Rosada para delinear la estrategia parlamentaria que permita avanzar con el proyecto. Fue el primer encuentro del año de la denominada Mesa Política, el espacio donde se coordinan las decisiones clave del oficialismo y que, en esta ocasión, evidenció tensiones internas sobre el vínculo con las provincias y el margen de negociación disponible.
La reunión, que se extendió por más de dos horas, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación del asesor presidencial Santiago Caputo; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Uno de los datos salientes fue la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien suele sumarse solo en reuniones puntuales. Su intervención estuvo vinculada al impacto fiscal de la reforma, especialmente en lo referido a la reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades y su efecto sobre la coparticipación, un punto que genera preocupación entre los gobernadores.
Caputo participó durante la primera parte del encuentro y fue el primero en retirarse, luego de exponer su mirada sobre el impacto económico de los cambios propuestos. Tras su salida, el resto de los funcionarios continuó analizando el escenario político y legislativo, en un clima que fuentes oficiales describieron como “cordial”, aunque sin definiciones cerradas.
Según reconstruyó Infobae a partir de testimonios de participantes, dentro del Gobierno aún no existe una postura unificada respecto de cómo encarar las negociaciones con las provincias. Mientras un sector considera que hay margen para realizar concesiones temporales, otro impulsa una posición más dura, convencido de que los gobernadores terminarán acompañando el proyecto.
El debate se reavivó tras el planteo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien solicitó que, durante 2026, el Estado nacional compense a las provincias por la caída de recursos coparticipables derivada de la baja de Ganancias. Desde la Casa Rosada, algunos funcionarios rechazan esa posibilidad y sostienen que la pérdida inicial se compensará con mayor empleo formal y crecimiento económico.
En línea con ese argumento, Santilli afirmó públicamente que el impacto negativo sería marginal y transitorio. Otros integrantes de la mesa, sin embargo, advirtieron que aún es prematuro fijar una estrategia rígida y recomendaron mantener abiertas las conversaciones con los mandatarios provinciales.
Para el oficialismo, la modernización laboral es una pieza central del programa económico. El Gobierno sostiene que el actual esquema fomenta altos niveles de informalidad —que superan el 43%— y afecta especialmente a los trabajadores jóvenes. Además, considera que la aprobación de esta ley es una señal clave para los mercados y un paso necesario para avanzar luego con otras reformas estructurales.
En el entorno presidencial son tajantes: la reforma laboral debe aprobarse. “No hay alternativa a que salga”, repiten, aunque admiten que el texto final podría sufrir ajustes para garantizar los votos necesarios. La orden de Javier Milei es avanzar con rapidez, sin resignar los ejes centrales del proyecto, para habilitar una nueva etapa de reformas, entre ellas la tributaria y, más adelante, la previsional.
En lo inmediato, este viernes comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes, asesora cercana a Bullrich. El objetivo será analizar las observaciones planteadas por la CGT y por sectores empresariales, en un intento de destrabar resistencias y acelerar el tratamiento parlamentario.
