La abogada argentina Agostina Páez atraviesa una compleja situación judicial en Brasil, donde permanece retenida desde hace más de dos semanas tras ser imputada por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro. La joven santiagueña difundió en las últimas horas un video en redes sociales en el que expresó su angustia: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, aseguró.
Páez se encuentra bajo estrictas medidas judiciales que incluyen el uso de una tobillera electrónica, la retención de su pasaporte y la prohibición de salir del país, disposiciones que, según su defensa, no tienen un plazo definido. En su testimonio público, sostuvo que está a disposición de la Justicia desde el primer momento y denunció una vulneración de sus derechos.
La causa se originó el 14 de enero, luego de una discusión en un bar de la zona de Ipanema, donde una disputa por el pago de una cuenta derivó en una denuncia por injuria racial. La Policía Civil de Río de Janeiro dio por concluida la investigación y remitió el expediente al Ministerio Público, que imputó a la abogada por presuntos insultos racistas hacia un trabajador del local. En el mismo expediente, una amiga de la acusada es investigada por falso testimonio.
Desde la defensa explicaron que, tras pagar la consumición, Páez y sus acompañantes fueron interceptadas por varios empleados que exigían un nuevo pago. Ante la negativa, solicitaron hablar con el gerente y, según el relato, se produjo un intercambio de insultos y provocaciones. La defensa asegura que existen registros fílmicos donde se observa a empleados del bar realizando gestos obscenos hacia las turistas e impidiéndoles retirarse del lugar.
En ese contexto, Páez reconoció haber reaccionado con un gesto que fue grabado por un tercero y posteriormente utilizado como prueba en su contra. La legislación brasileña equipara la injuria racial al delito de racismo, el cual contempla penas de dos a cinco años de prisión y no permite la excarcelación bajo fianza.
La causa quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso. Mientras tanto, la defensa presentó un recurso de habeas corpus para solicitar que la abogada pueda regresar a la Argentina y continuar el trámite judicial de manera virtual.
La situación personal de la joven se agravó luego de que personas desconocidas ingresaran al departamento donde se alojaba, lo que la obligó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó una profunda preocupación por su estado emocional y analiza viajar a Brasil para acompañarla. “Está aterrada”, expresó su padre, quien relató que recibió mensajes de su hija temiendo por su integridad.
Desde la defensa remarcaron que la prohibición de salida del país carece de un plazo razonable y la calificaron como arbitraria. Páez, de 29 años, permanece en Río de Janeiro acompañada por familiares y amigas, afrontando los gastos de su estadía mientras espera una resolución judicial.
Por su parte, la Policía Civil reafirmó públicamente que el hecho no quedará impune y destacó que en Río de Janeiro el racismo constituye un delito grave. La Embajada argentina ofreció asistencia consular, aunque sin intervención directa en el proceso judicial, mientras el caso continúa bajo fuerte atención pública y sin definiciones sobre su desenlace.
