El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a quien señaló como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar contrataciones públicas a cambio de sobornos. La resolución también alcanzó a otras 18 personas, entre ex funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
Según el fallo, durante la gestión de Spagnuolo se habría montado un esquema sistemático de corrupción, integrado por funcionarios del organismo y operadores externos, con el objetivo de obtener ganancias millonarias mediante la venta de medicamentos e insumos con sobreprecios al Estado.
Casanello sostuvo que existió un “sistema de retornos” implementado por droguerías beneficiadas, que retribuían a los funcionarios involucrados por la adjudicación irregular de contratos. En ese sentido, remarcó que la ANDIS fue utilizada como una herramienta de enriquecimiento ilícito, en detrimento de su función esencial de asistencia a personas con discapacidad.
La investigación detectó maniobras para simular competencia de precios en las compras públicas. Cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— se alternaban en las ofertas según el tipo de contratación, pese a estar vinculadas entre sí y haber sido habilitadas como prestadoras el mismo día, en un trámite impulsado con carácter de urgencia por autoridades del organismo.
Además del direccionamiento de las compras, el juez dio por acreditado el pago de sobornos, apoyándose en múltiples pruebas, entre ellas reuniones privadas, pagos encubiertos y el hallazgo de una máquina para contar billetes en la vivienda de Spagnuolo, considerada clave para la operatoria clandestina.
El expediente se inició en agosto del año pasado tras una denuncia basada en la filtración de audios comprometedores, aunque el magistrado aclaró que el procesamiento se sustentó en pruebas independientes, como expedientes administrativos y testimonios, y rechazó los pedidos de nulidad planteados por las defensas.
Casanello identificó una estructura jerárquica dentro de la organización, encabezada por Spagnuolo, su ex subdirector Daniel Garbellini, y dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes habrían influido desde fuera del organismo en las decisiones de compra.
Si bien los imputados continuarán el proceso en libertad, el juez ordenó embargos millonarios, entre ellos uno superior a 202 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo, y montos similares para los principales acusados.
Finalmente, el magistrado advirtió que la causa podría ampliarse y alcanzar a otros niveles de responsabilidad política, al considerar que lo investigado hasta ahora podría no agotar el entramado de complicidades. También dispuso nuevas indagatorias y citó a declarar a las personas jurídicas de las droguerías involucradas.
