El Ejecutivo saenzpeñense que comanda el intendente Bruno Cipolini denunció penalmente a la entidad, a la que acusan de utilizar fondos de la ciudad termal -de forma unilateral- para inversiones de alto riesgo que afectarían a las arcas públicas en montos superiores a los 500 millones de pesos.
En la presentación judicial, Cipolini denunció a la Bolsa de Comercio del Chaco por colocar fondos públicos en instrumentos de «altísimo riesgo» sin autorización y tras la cesación de pagos del librador.
En tanto que la parte denunciada rechazó las acusaciones, e incluso sostiene que fue la gestión municipal la que asumió los riesgos voluntariamente.
Desde Sáenz Peña consideran que la situación es compatible con una maniobra de estafa, administración fraudulenta agravada y asociación ilícita, involucrando un perjuicio directo al patrimonio financiero saenzpeñense que ascendería a un aproximado$505 millones.
Según el escrito judicial, el municipio mantenía históricamente un perfil de inversión «conservador», limitado a instrumentos de bajo riesgo. Sin embargo, la denuncia sostiene que la Bolsa habría desviado esos fondos hacia el segmento «No Garantizado» (NOGA), adquiriendo 42 cheques electrónicos (E-Cheqs) sin el consentimiento expreso de la comuna.
Las tres aristas de carácter ‘crítico’
Concentración de riesgo: cerca del 60% de la cartera municipal fue colocada en cheques de un solo librador, el empresario Rubén Roberto Médula.
Inoperancia ante la quiebra: la Bolsa habría continuado adquiriendo valores de Médula incluso después del 15 de septiembre de 2025, fecha en la que el empresario ya habría declarado su cesación de pagos.
Falta de solvencia: al momento de la operatoria, el librador acumulaba deudas por más de $4.000 millones en el sistema financiero.
El 26 de enero de 2026, el municipio confirmó que los 42 cheques fueron rechazados por falta de fondos, materializando un perjuicio de $505.150.000.
Posible cohecho e internas
La causa sumó tensión con la ampliación de la denuncia por parte del abogado querellante, Víctor Ruiz Díaz, quien introdujo la hipótesis de cohecho e incompatibilidad. El abogado formalizó una ampliación de su denuncia contra la Bolsa de Comercio del Chaco, ante la Fiscalía General de Investigaciones Penales, a cargo del Dr. Patricio Sabadini, aportando elementos que giran en torno a una posible estafa institucional y delitos contra la administración pública.
El foco lo puso sobre Diego Landriscina, secretario de Gobierno municipal (actualmente de licencia), a quien acusa de haber operado simultáneamente como funcionario público y como mánager asesor ante la Bolsa.
«El posible cohecho deriva de la propia conferencia de prensa de la BCCH, donde el gerente admitió que la cuenta del municipio operaba mediante un asesor financiero autorizado que, a su vez, revestía el carácter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad», denunció Ruiz Díaz. Para la querella, existe una incompatibilidad manifiesta en que un funcionario maneje fondos públicos ante la Bolsa y, potencialmente, cobre comisiones por ello», señaló el letrado en declaraciones radiales.
Sobre el destino final del capital, Ruiz Díaz afirmó que es materia de investigación, aunque las pistas son claras. «Todo pareciera indicar que había una empresa que aparentaba transitar un período de liquidez y consiguió en la Bolsa financiarse con el dinero del municipio».
Asimismo, sostuvo que «fue una negociación en el ámbito institucional. Alguien de la Bolsa negoció esos cheques y alguien cursó esas órdenes a la plataforma de la Bolsa Argentina de Valores con asiento en Rosario. Hay cuestiones entre particulares que pasaron por el ámbito institucional e involucraron a una empresa que necesitaba fondos y habría aprovechado la generosa oferta del municipio de Sáenz Peña».
Para la Bolsa, «No hay crisis financiera»
Días atrás, desde el Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio del Chaco, encabezado por el vicepresidente Esteban Fossati y el gerente general Julio Barrios Cima, rechazaron tajantemente las acusaciones. En una conferencia de prensa, aseguraron que la institución es sólida y que los ahorros de los inversores están debidamente custodiados en la Caja de Valores.
Respecto al caso Sáenz Peña, Barrios Cima fue tajante: «En el segmento no garantizado, el inversor asume el riesgo crediticio del librador». Según la entidad, la operatoria fue realizada dentro de los marcos regulatorios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y representa menos del 1% del volumen total que maneja la Bolsa.
«No somos políticos, somos gente que trabaja en la inversión privada», expresó Fossati, quien además confirmó que la Bolsa radicó una denuncia preventiva para poner toda la documentación a disposición de la Fiscalía.
Lo que sigue
El fiscal de instrucción ya cuenta con los pedidos de la querella, que incluyen:
Embargos preventivos sobre bienes de los involucrados.
Secuestro de dispositivos electrónicos y documentación interna de la BCCH.
Pericias contables para determinar el circuito de las comisiones y posibles retornos.
La resolución del caso queda ahora supeditada al análisis del Poder Judicial, que deberá establecer si el perjuicio a las arcas públicas de Sáenz Peña fue producto de una negligencia técnica o de una conducta delictiva planificada.
