El Gobierno nacional promulgó este lunes 9 el nuevo régimen penal juvenil, que fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años y establece un marco específico de sanciones para adolescentes que cometan delitos antes de alcanzar la mayoría de edad. La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801, diez días después de su aprobación en el Senado.
El sistema se aplicará a jóvenes de entre 14 y 18 años imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. El texto oficial plantea como objetivo promover en el adolescente el sentido de responsabilidad legal por sus actos y favorecer procesos de educación, integración social y resocialización.
La iniciativa obtuvo sanción definitiva en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención , tras el impulso del Gobierno nacional.
¿Qué establece la nueva ley?
La normativa define que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta cumplir los 18 . Para esos casos se establece un esquema que combina sanciones judiciales con medidas orientadas a la formación y la integración social.
Entre las acciones previstas figuran la asistencia obligatoria a programas educativos, capacitación laboral y participación en actividades deportivas, recreativas o culturales. También se contemplan instancias de formación ciudadana, tratamientos médicos o psicológicos cuando resulten necesarios y el acceso a servicios de salud adecuados a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia. Entre ellas se incluyen la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para asistir a determinados lugares o espectáculos y la prohibición de conducir vehículos en casos específicos. También se incorpora la posibilidad de monitoreo electrónico.
Otra de las medidas es la prestación de servicios a la comunidad, que implica realizar tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, como hospitales, escuelas u organizaciones dedicadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño ocasionado a la víctima.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen prevé distintas modalidades de cumplimiento, como la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en centros especializados para adolescentes.
La norma establece que los menores detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y dispone que los establecimientos destinados a su detención deberán contar con personal capacitado para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal .
El nuevo marco legal también fija límites claros para las penas. Prohíbe la imposición de prisión perpetua o reclusión perpetua a adolescentes y establece que el tiempo máximo de privación de libertad no podrá superar los 15 años , aun cuando la escala penal del delito sea mayor.
Además, incorpora mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se encuentran la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba si se cumplen las condiciones previstas.
El cumplimiento de las medidas o sanciones será supervisado por profesionales especializados designados por la Justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la situación personal, educativa y social del adolescente e informar sobre su evolución.
Entre los principios que rigen el sistema se incluyen el respeto por la dignidad del menor imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva de las actuaciones judiciales. La ley también prohíbe difundir datos que permitan identificar a menores involucrados en causas penales.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen queda derogada la Ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores. El texto aprobado invita además a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en la nueva normativa.
