En el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en la municipalidad «termal», el diputado provincial será parte del proceso, podrá proponer personas para declaraciones testimoniales y adelantó que exigirá la licencia del intendente. Denuncia posibles delitos de malversación pública e incumplimiento como funcionario público.
El diputado provincial, Santiago Pérez Pons, confirmó que fue aceptado como querellante en la investigación judicial por presuntas operaciones financieras irregulares y malversación de fondos públicos que involucra a la Bolsa de Comercio y el municipio de Sáenz Peña. En ese sentido, el legislador pedirá la imputación de los funcionarios y la licencia del intendente.
El diputado destacó que la Fiscalía N° 3 está avanzando en la investigación y que fue admitido en el proceso de la causa: «Me aceptaron como querellante, eso es muy importante porque ahora soy parte del expediente y puedo acompañar al fiscal en la investigación y proponer gente para declarar», contó.
También brindó detalles de una reciente declaración testimonial de la presidenta del Concejo Municipal de Sáenz Peña: «Lo que ha establecido es que no se le dio ninguna autorización del concejo al intendente, nunca se ha solicitado nada, nunca ha mandado ningún pedido de opinión», reveló.
En relación a los siguientes pasos en el proceso judicial, Pérez Pons adelantó que se solicitará la imputación de varios funcionarios municipales: «Nosotros pedimos las imputaciones del secretario de Gobierno, de la secretaría de Economía y del propio intendente de Sáenz Peña», apuntó.
El diputado mencionó que «su resumen de defensa se basa ‘en la Bolsa nos hizo la inversión y nosotros no sabíamos'» pero que tendrán que explicar cómo en el 2024 invirtió en cheques no garantizados, obtuvo dinero y los intereses los transfirió a la cuenta con la misma empresa «Médula».
«O sea, en el año 2024 ganaron plata en los mismos cheques no garantizados y después cuando perdieron se dieron cuenta que no, que no eran ellos», planteó Pérez Pons.
Además habló de documentación que comprometería a los funcionarios con la presentación del «cobro de comisiones».
«Obviamente está claro el delito de incumplimiento del deber de funcionario público y malversación de caudales públicos», afirmó tajante Pérez Pons que apuntó contra los tres funcionarios.
“Una vez que el fiscal decida su imputación nosotros vamos a pasar por las vías institucionales en el consejo de pedir la licencia, por lo menos, del intendente en el proceso de la investigación”, indicó.
