El Gobierno nacional planea avanzar durante 2026 con un proyecto de ley para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que permitiría a los clubes transformarse en sociedades comerciales con accionistas y fines de lucro. La propuesta será enviada al Congreso como parte de un paquete de reformas más amplio.
Desde la Casa Rosada señalan que el proyecto forma parte de la agenda legislativa del oficialismo para este año, aunque por el momento no precisan una fecha concreta para su presentación. La iniciativa incluiría además modificaciones al régimen de asociaciones civiles, cambios procesales y una reforma del Código Civil y Comercial.
El modelo de SAD es promovido por el Ejecutivo como una herramienta para atraer inversiones privadas al deporte y mejorar la transparencia en la gestión de los clubes.
El presidente Javier Milei ya había intentado avanzar con esta reforma en los primeros meses de su gestión a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, la medida fue suspendida por la Justicia y las negociaciones con el entorno del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no prosperaron.
En paralelo, la relación entre el Gobierno y la AFA atraviesa un momento de fuerte tensión. La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia mantiene un conflicto abierto con el Ejecutivo, que anticipó que continuará impulsando acciones judiciales y administrativas vinculadas al funcionamiento de la organización.
Entre otras medidas, se presentaron denuncias a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras que la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la designación de veedores para auditar los balances de la AFA.
El conflicto se profundizó luego de que la AFA anunciara un paro tras la citación a indagatoria de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos.
En este contexto, el Ejecutivo busca avanzar con cambios estructurales en el régimen de asociaciones civiles, una iniciativa que podría generar nuevas tensiones con distintos sectores institucionales.
La reforma del Código Civil y Comercial, incluida en el paquete legislativo, apunta a ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar aspectos del régimen de personas jurídicas.
