El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde 2012 que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos, y dispuso un nuevo esquema en el que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará cada solicitud de forma individual, sin los condicionamientos técnicos que regían hasta ahora.
La medida fue oficializada a través de una resolución conjunta firmada por los ministros de Salud, Mario Lugones, de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, y representa un cambio significativo en la política de propiedad intelectual aplicada al sector farmacéutico.
Hasta el momento, la normativa anterior establecía una serie de pautas restrictivas para el análisis de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas, lo que, según el Gobierno, dificultaba o incluso impedía la aprobación de nuevas patentes en el país.
Con la derogación, el INPI pasará a analizar cada caso conforme a la legislación vigente, sin restricciones adicionales, en línea con los estándares internacionales de propiedad intelectual.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva disposición es que las patentes que se otorguen a partir de ahora no afectarán a los medicamentos que ya están en el mercado. En esos casos, los titulares de las patentes no podrán impedir su comercialización ni reclamar compensaciones económicas.
Desde el oficialismo destacaron que la medida busca facilitar la llegada de nuevas terapias, fomentar la innovación y atraer inversiones en el sector salud, además de mejorar la seguridad jurídica para las empresas.
En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que la norma anterior hacía “muy difícil, sino imposible” patentar medicamentos en Argentina, lo que retrasaba el acceso a tratamientos innovadores.
Sin embargo, especialistas advirtieron que algunos aspectos de la nueva regulación podrían generar cuestionamientos legales, especialmente en relación con los derechos de los titulares de patentes y la imposibilidad de percibir regalías por productos ya comercializados.
De esta manera, el Gobierno impulsa un cambio estructural en el sistema de patentes farmacéuticas, con el objetivo de alinear a la Argentina con estándares internacionales y promover el desarrollo del sector.
