En medio del conflicto laboral que mantiene paralizada su planta de San Fernando, la empresa Fate advirtió al Gobierno nacional que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo que se encuentra dentro de sus instalaciones.
La advertencia fue realizada a través de una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, quien explicó que la fábrica continúa ocupada por trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde que se anunció el cierre del establecimiento.
En el documento, la empresa informó que en el predio se encuentra instalado un acelerador lineal de electrones de 500 KeV – 100 mA, utilizado con fines industriales. Según indicaron, al no tener acceso pleno a la planta, la compañía no puede cumplir con las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas por la normativa vigente.
“No podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria impuesta por el régimen aplicable”, señaló Madanes Quintanilla en el escrito, donde además recordó que como licenciataria la empresa es responsable del uso y control del equipamiento que genera radiaciones ionizantes.
La advertencia se conoció pocas horas después de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocara la orden de desalojo de la planta, permitiendo que los trabajadores continúen con la ocupación iniciada el 19 de febrero en defensa de sus puestos laborales.
El tribunal sostuvo que la protesta forma parte del derecho constitucional de huelga, contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que el conflicto debe tratarse en el ámbito laboral y no en el penal.
En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que inició un sumario contra Fate por no haber pagado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la etapa de conciliación obligatoria, lo que podría derivar en multas económicas para la empresa.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y la conciliación fue prorrogada hasta el 16 de marzo, en un intento de mantener el diálogo entre las partes y evitar que la situación escale aún más.
