Corrientes: acusaron al Gobierno de Valdés por presunto desvío de fondos públicos para campaña electoral

Corrientes

La denuncia pública de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Asprosac) se conoció en las últimas horas tras una publicación que se hizo en redes sociales. Aseguran que una cartera gubernamental envió más de 7 millones de pesos para fines particulares y acciones proselitistas.

En detalle, según lo que manifestó la entidad, se destinaron $7.600.000 (siete millones seiscientos mil pesos) para refacciones en la casa del titular de un ministerio; pero también hay sospechas de supuestos manejos irregulares relacionados a edificios del Gobierno para eventos políticos partidarios.

En la denuncia pública sostienen que “los destinos que se le dieron a los fondos del Ministerio de Salud son, al menos, polémicos”.

“El área que conduce Ricardo Cardozo, de dudoso proceder en el gobierno provincial, destinó durante 2018 una considerable suma de dinero para refaccionar la vivienda que utiliza este funcionario, en lugar de propiciar mejoras en los centros de salud”, reza el documento.

Asimismo, agregan que “existen montos que fueron destinados a pagos por sumas millonarias cuyos conceptos no fueron aclarados. Para esto, se justificaron erogaciones escandalosas para obras simples en hospitales, como por ejemplo, la instalación de soportes para aire acondicionados, por casi un millón de pesos”.

“La lista de los gastos del Ministerio de Salud incluye erogaciones que fueron destinadas a pagos de obras y servicios que carecen de relacionadas con acciones asignadas al área. En otros términos, fugaron dinero estatal para solventar gastos que no tienen relación con la salud pública”, sostiene la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud.

Desde ASPROSAC se repara en que esto ocurre en la provincia donde los médicos correntinos denuncian recortes en sus haberes, falta de herramientas de trabajo y la incorporación de médicos extranjeros en desmedro de los puestos de trabajo de los profesionales de la provincia.

Entre estos gastos están los destinadas a propiciar la comodidad del funcionario gubernamental que utiliza como lugar para pernoctar una residencia oficial. La vivienda, emplazada en el exclusivo barrio destinado a los funcionarios gubernamentales, se halla en la Costanera General San Martín.

Se trata de la Residencia Oficial N°7 en la que se invirtieron $7.600.000 en refacciones y la construcción de un garaje de 3 metros por 4.

El gasto fue remitido en dos expedientes en los que se especifica la refacción y ampliación de esta residencia, pero el gasto es considerablemente mayor de lo que se destinó a la refacción de un hospital. En la lista de erogaciones consta que para la construcción de los baños de enfermería y la habilitación de la salida de emergencia del área Neonatal del Hospital Vidal se destinaron apenas $525.227. En total el Ministerio de Salud rindió un gasto anual en 2018 de $97.471.714 a través de 24 expedientes y dos obras designadas a empresas en forma directa.

Otro gasto llamativo –y sospechoso- es la instalación de estructuras de soporte del equipo de aire acondicionado del Hospital “Juan Pablo II” para la que se destinaron $951.057. En este hospital también, según la lista de gastos, reemplazaron los equipos de Sala de Cisternas y para ello se destinaron $1.553.964.

Son los únicos dos proyectos referidos al Juan Pablo II, que recibió bastante menos de lo que se gastó para poner en condiciones la residencia oficial. En este centro de salud, sin embargo, existen sectores que no se utilizan por falta de mantenimiento y servicios que están paralizados por falta de personal.

Esta situación ya lleva años y fue denunciado por medios de comunicación nacional, después que el macrismo inauguró en el Hospital Juan Pablo II una sala de Oncología que nunca se puso en marcha y por la cual se habrían invertido cifras millonarias.

Un informe del programa televisivo ADN Periodismo Federal dio a conocer que, pese a las deficiencias en el sistema sanitario de Corrientes, el Gobierno utilizaría los edificios públicos para realizar campañas mediáticas y electorales.